Invasión

Que nuestro Gobierno pretenda regularizar a unos 900.000 inmigrantes en los próximos tres años, medio millón de ellos de forma inmediata, obliga a preguntarnos qué objetivos persigue al incentivar la llegada de migrantes de forma irregular a nuestro país más allá de desnaturalizar a la población asentada históricamente en el territorio llamado España.

Teniendo en cuenta que en territorio español hay entre 470.000 y 700.000 personas en situación irregular, dependiendo de las fuentes, significa de facto que el Gobierno regularizará de forma inmediata a casi todos los inmigrantes irregulares que ya están en nuestro suelo, y que pretende atraer a otros 400.000 para regularizarlos durante los próximos dos años.

Sin perder de vista además que la mayoría de los migrantes que recibimos suelen proceder de países con altísimas tasas de fecundidad, a esa masa extranjera ya establecida en España habrá que sumar una tasa de natalidad que supera ampliamente el inexistente crecimiento vegetativo de los españoles de origen.

Seguimos sumando y añadimos a los familiares de esos extranjeros cuando se produzca la reagrupación familiar que también facilita la Ley de Extranjería que acaba de entrar en vigor.

Tampoco debemos olvidar el último repunte de llegadas que estamos padeciendo por el efecto llamada provocado por Pedro Sánchez y sus socios de Gobierno desde hace poco más de un año, cuando anunciaron a bombo y platillo que llevarían al Parlamento una Iniciativa Legislativa Popular que consagra prácticamente una política de fronteras abiertas.

De hecho, el pasado año ya se produjo un aumento del 12,5% en el número de llegadas respecto a 2023, la mayoría por mar (61.323 del total de 63.970 llegados a España) y la mayoría a través de Canarias (46.843 inmigrantes), lo que indica claramente que nuestro principal problema migratorio procede de África y muy concretamente de Marruecos y del Sahel.

Si a todos estos números aplicamos la media de natalidad de esos extranjeros como razón (r) de una progresión geométrica, el resultante no cuantifica un “fenómeno migratorio” sino una invasión de libro de texto.

Con esa proporción de nacimientos, incentivada además por políticas oficiales de ayudas que subvencionan la natalidad extranjera mientras castigan la nacional convirtiéndonos en un país cada vez más envejecido, no hace falta ni ser muy listo ni muchos años para que, con los sucesivos relevos generacionales, España deje de ser un territorio habitado por españoles.

Es un nuevo tipo de conquista, una guerra en la que el enemigo nos lanza a sus ciudadanos para ocupar el territorio sin importarle las bajas propias y aprovechando una coyuntura ideológica en la que la estupidez, denominada ahora corrección política, nos convierte en un objetivo fácil para naciones que solo ven debilidad en lo que nosotros consideramos solidaridad.

Teniendo en cuenta además que tanto el Gobierno como la oposición, consciente o inconscientemente, están colaborando con el enemigo para facilitar esa conquista, no es imposible que Al Andalus termine extendiéndose mucho más allá de Despeñaperros.