A estas alturas ya no tenemos claro si lo de Ceuta es solo una muestra más de la incompetencia de nuestro Gobierno o si, como se comenta incluso en tertulias televisivas, ha sido un globo sonda lanzado por Marruecos con la connivencia de Pedro Sánchez para comprobar cómo reaccionaría España ante una ocupación no armada de la ciudad autónoma.
Lo que sí está claro es que montar "campamentos provisionales" en Ceuta para instalar a los invasores es la forma de cronificar el problema para que, con el paso de los meses, los socialistas puedan hacer otra pirula y regularizar a unos cuantos miles hasta lograr que sea una mayoría de votantes marroquíes los que terminen decidiendo el futuro de Ceuta.
Todos somos conscientes de que el presidente del Gobierno no está actuando libremente y cada vez resulta de una obviedad más aplastante que el rey Mohamed VI tiene información comprometedora obtenida seguramente tras piratear el móvil de Sánchez con el famoso programa espía israelí Pegasus, convirtiéndose de esta forma en víctima del chantaje de Marruecos, ese país vecino que, a pesar de lo que diga el Gobierno, jamás ha sido un socio leal ni un país amigo, ni ha pretendido serlo.
En estas circunstancias resulta evidente que el presidente del Gobierno tiene su juicio comprometido, que no solo no actúa libremente sino que, además, obedece las órdenes recibidas de una nación extranjera que, desde luego, no es amiga.
Sorprende que el CNI y los servicios de inteligencia de Interior no hayan informado al rey sobre unas circunstancias que de sobra justifican declarar a Pedro Sánchez incapacitado para seguir en el cargo, al menos hasta que cese el motivo que le impide actuar libremente. La doctrina jurídica mayoritaria coincide en que el vacío constitucional al respecto puede sortearse con el art. 13 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno que regula el mecanismo de sustitución o suplencia de los miembros del Ejecutivo en caso de enfermedad o de ausencia, lo que llevaría al actual ministro de Economía y vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, ha asumir provisionalmente la Presidencia.
Es cierto que esta opción B no ofrece demasiadas esperanzas dado que Sánchez se ha preocupado muy mucho de rodearse de una guardia pretoriana de absoluta confianza pero, al menos, le complicaría bastante la vida a la hora de entregar territorio español a terceros. Excepción hecha con Gibraltar, donde sí que lo ha hecho al reconocer de facto la soberanía británica del Peñón, sin preguntar ni informar a nadie y sin que ni la Jefatura del Estado ni el Congreso parezcan haberse enterado de nada.
Por suerte, en el caso de Ceuta, Bruselas no animará al acuerdo, como sí hizo en el caso de Gibraltar. Una cosa es facilitar el acceso de británicos al espacio Schengen y otra muy distinta es hacerlo con magrebíes, que no gozan en Europa de especial simpatía por el destacado número de problemas que provocan en nuestro territorio.
Resulta irónico que la Unión Europea esté defendiendo la soberanía española sobre Ceuta con más determinación que nuestro propio Gobierno. Probablemente porque la Comisión es consciente de que Sánchez ya está pensando en la manera de ir trayendo a la península a esos miles de inmigrantes que sobran en la ciudad autónoma, algo que no hace ninguna gracia a nuestros socios.
Por su parte, Marruecos ya ha pedido más dinero a Europa por hacer su trabajo en su lado de la frontera bajo la tácita amenaza de dejar de hacerlo y que se repitan las imágenes que estamos viendo estos días.
En ese contexto la reivindicación de soberanía sobre Ceuta y Melilla suena a otra forma de extorsión. Al final, como siempre, Marruecos pone la mano, quiere más pasta, no territorio. ¿Para qué lo iba a querer? ¿para exportar más miseria?
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