El enfoque que está aplicando el Gobierno para solucionar el intento de invasión de Ceuta es erróneo. Al interpretar el asunto como un problema migratorio, nuestras leyes impiden la expulsión inmediata de cualquier inmigrante irregular sin el correspondiente procedimiento administrativo individualizado.
Sin embargo, no estamos ante un problema migratorio sino ante una violación de nuestra soberanía e integridad territorial por parte de ciudadanos del país vecino que accedieron de forma violenta a España. Estamos ante un intento de invasión que puede ser respondido repeliendo, expulsando si se prefiere, de manera inmediata a todos los que han entrado en una turba que ha sido cuando menos consentida, cuando no organizada, por las autoridades marroquíes.
Es cierto que nuestras leyes impiden expulsar de forma automática a un inmigrante, pero no a un invasor, como sucedió con los militares marroquíes que ocuparon ilegalmente la isla Perejil en 2002.
Rabat ha utilizado de nuevo a su población como arma de guerra, por tanto las decenas de miles que entraron violentamente en Ceuta son efectivos militares que han de ser rechazados por nuestras Fuerzas Armadas utilizando la violencia necesaria para obligarles a retornar a su territorio.
Eso incluye a los menores que no han participado en esta invasión como peticionarios de asilo sino como una sofisticada arma contra la que no podemos defendernos pues hasta nuestra propia ley les protege, sin atender a esta nueva realidad en la que mafias organizadas y algunos Estados fallidos del planeta están actuando en fraude de la ley internacional, aprovechando las garantías legales que ofrecen otros países más avanzados para vulnerar sus leyes o, directamente, para atacarlos, atacarnos.
Cuenten a todos los terroristas que han cometido atentados en Europa y que accedieron a nuestros países como "refugiados" o aprovechando su derecho a solicitar asilo y podrán empezar a hacer balance del precio que estamos pagando por aprobar leyes que no tienen nada que ver con la realidad.
Es por ello necesario afrontar un cambio serio en el marco legal, incluido el constitucional, que regula la inmigración. Evidentemente, el primer paso necesario es convocar elecciones y acabar con este Gobierno. Con Pedro Sánchez ese cambio será imposible.
Las circunstancias han cambiado, la realidad del problema migratorio ya no es la de hace cuarenta años, las normas han de cambiar con esa realidad o, como nos está sucediendo hoy, no solo no servirán para solucionar los problemas para los que fueron aprobadas sino que, además, nos perjudicarán.
El marco legal español que protege a los menores extranjeros más vulnerables si tienen que expatriarse no se planteó nunca la infame posibilidad de que un gobernante utilizara a los niños de su propio país como carne de cañón. Hoy está a la orden del día.
Y en nuestro caso, el problema se acentúa porque el rey de Marruecos sabe que su país es uno de esos Estados fallidos que solo necesita un poco más de desigualdad, de injusticia, de hambre, para que se produzca una insurrección que lo lance en manos de otro régimen islamista. El último conato de rebelión por el disparatado gasto en el próximo Mundial de Fútbol ha sido un nuevo aviso a navegantes que Mohamed VI no ha querido escuchar. Lo de salir otra vez con la estupidez de la soberanía de Ceuta y Melilla no será suficiente para que los marroquíes miren hacia otro lado indefinidamente. La estabilidad impuesta a golpe de represión no dura siempre.
Y los españoles debemos tener en cuenta esa realidad y prepararnos para cuando el castillo de naipes del vecino se venga abajo. La inestabilidad se contagia.
La realidad ha cambiado, cambiemos con ella antes de que termine destruyéndonos.
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