Han sido muchas las ocasiones en las que, en este medio y durante varios años, hemos advertido del peligro que representaba el poder que ha ido adquiriendo la parasitaria banca española y su creciente preeminencia sobre una clase política cada día más rehenizada por la necesidad de mantener la financiación de un sistema de partidos cuyas cuentas no van a cuadrar ni dándole a Luis Bárcenas una varita mágica.
El precio de esa corrupción del sistema democrático, resultante de que el capital privado financie el poder político, lo llevamos padeciendo años y, como era previsible, aumenta en intensidad y en igual medida en que esa oligarquía económica, la mayor parte incardinada en empresas del Ibex-35, incrementa su poder fáctico, absoluto y despótico sobre toda la nación y, principalmente, sobre sus ciudadanos.
Las decenas de miles de despidos anunciados sin rubor alguno por los principales bancos de España en los últimos meses, culminando con los de CaixaBank-Bankia y los adelantados ayer por el BBVA, dejan claro quién manda aquí.
El Gobierno “progresista” de PSOE y Podemos ha sido incapaz de abrir la boca ante la manifiesta inmoralidad que supone que entidades con beneficios obtengan más beneficios fabricando parados, cerrando sucursales y ofreciendo a sus clientes un servicio cada vez más infame, a la vez que se van inventando nuevas comisiones cada pocos meses.
La banca española, que se ha ganado a pulso el desprecio de la mayoría del país, se ha convertido en una de las más eficaces máquinas de generar miseria que hemos logrado crear en la historia de España. Si durante el confinamiento, mucha gente hacía la ridiculez esa de salir a aplaudir a los balcones porque había héroes por doquier, ahora deberían hacer lo propio para felicitar a la banca por su capacidad para empobrecernos sin que nos atrevamos a sublevarnos.
CaixaBank-Bankia, el mayor grupo bancario del país desde la fusión y uno de los más potentes de Europa, como declaraban eufóricamente en los grandes medios de comunicación, comienza su andadura caminando sobre los cadáveres económicos de los 8.300 empleados que va a poner en la calle y las 1.500 sucursales que cerrará, y eso que, ya antes de la fusión, encontrar a alguien que te atendiera en La Caixa era para nota.
El BBVA le ha seguido en esa dinámica con el anuncio de otros 3.800 trabajadores al paro y el cierre de 530 oficinas.
Y hasta la portavoz del Gobierno "progre", María Jesús Montero, ha aplaudido los despidos del nuevo gran grupo bancario, asegurando que más gente habría ido a la calle sin esa fusión que refuerza internacionalmente a la banca española en la misma media en que empobrece a los españoles.
La concentración bancaria, como he defendido siempre, es una gran error occidental. Al igual que pasó con los señores de la droga en Centroamérica, los gobiernos están permitiendo la creación de cárteles, facilitando una concentración de poder que es suicida tanto para la independencia política como para las soberanías nacionales. Además de crear un riesgo sistémico que reafirma el principio aprendido en la anterior crisis bancaria: "Demasiado grande para dejarlo caer", que no es más que la forma elegante de llamar al chantaje al que las grandes instituciones financieras someten al ciudadano cuando se encuentran en dificultades y hay que rescatarlas con dinero público sí o sí.
Demasiado dinero en muy pocas manos frente a un poder político tan débil como corrupto. ¿Alguien imagina a qué pringados les tocará otra vez pagar la factura?
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