Verdades absolutas

La ley antitabaco de Mónica García es un error, otro error de otro ministro de Sumar.

Como todas las organizaciones de extrema izquierda, este partido ve la vida en blanco y negro y, atribuyéndose el monopolio de una verdad dogmática, discierne sin atisbo alguno de duda lo que está bien de lo que está mal. Y como organización de extrema izquierda es consciente de la ignorancia del pueblo, incapaz de ver lo que le conviene, razón por la que es el líder visionario el que ha de imponer a la ciudadanía "lo correcto".

Sí, evidentemente un planteamiento tan estúpido produce, inevitablemente, estupideces, como la llamada ley de "solo sí es sí" y ahora esta nueva normativa contra el tabaco, que terminará siendo otro tiro en el pie para la ministra, el Gobierno, la economía y la libertad individual.

Sumar, consciente de su conocimiento exclusivo de la verdad absoluta, sigue sin aceptar, o sin comprender, que la vida no es en blanco y negro, es en gris, en una amplísima escala de grises ante la que no existe un absoluto, ni la verdad ni la mentira, ni lo bueno ni lo malo, ni tan siquiera el concepto de justicia es absoluto. Depende de las circunstancias, del momento y de las consecuencias de lo que hagamos al respecto. Porque los problemas no se solucionan prohibiéndolos por ley, así ni tan siquiera se consigue ocultarlos bajo la alfombra, pueden preguntarle al puñado de violadores a los que la ley de la exministra Irene Montero sacó de la cárcel.

De ahí el error de base en otra norma que parte de esa convicción tiránica de lo que es bueno para todos. Es obvio que el tabaco es perjudicial para la salud, como la sal, el azúcar, las bebidas energéticas y dicen que hasta la carne roja. Años atrás fue malo el aceite de oliva, el bueno era el de girasol, después también el huevo era nocivo por lo del colesterol o algo así; entonces, en aquel tiempo y en aquellas circunstancias, también fueron verdades dogmáticas que luego dejaron de serlo.

También es obvio y justo no obligar a los no fumadores a tragarse el humo de los que fuman, pero seguir estigmatizando a aquellos conjuntos de ciudadanos que se niegan a vivir según las verdades absolutas establecidas por otros, ni es justo ni es la solución. Igualmente justo sería que aquellos que no tienen vehículo y que usan el transporte público no tuvieran que envenenarse con el dióxido de carbono de los coches de otros y, sin embargo, la ministra de Sumar no legisla para prohibirlos, ni ese veneno letal parece molestar a los no fumadores, ni los que no tienen coche se quejan. Otra "verdad absoluta" que depende del momento y de las circunstancias.

En un país de servicios, donde el turismo representa el 12% del PIB, prohibir fumar en todas sus formas y en todas las terrazas, no es solo una medida de salud pública, es un suicidio económico y una medida tiránica, tan despótica como el Gobierno que la aprueba. ¿No sería más lógico que existieran terrazas para fumadores y para no fumadores, y que fuera el propietario del establecimiento el que decidiera qué le conviene más? Una vez que la ley de Mónica García entre en vigor, los perros tendrán más derechos a la hora de acceder a establecimientos y espacios públicos que las personas que fuman. Si en la actualidad la mayoría de los locales abiertos al público lucen el cartel de "pet friendly", ¿por qué no puede existir el "smoker friendly?".

Aunque la extrema izquierda sigue flirteando con los ademanes soviéticos, el Estado solo puede imponer la forma de vivir al ciudadano hasta ciertos límites. Más allá corresponde al individuo decidir cómo quiere hacerlo y qué riesgos está dispuesto a asumir para vivir su vida como desea vivirla.

Lo único que tiene que hacer la ley es procurar que mi forma de vivir o de matarme no perjudique a terceros y, para eso, seguir recortando libertades no es la solución.

Y solo nos daremos cuenta de esto cuando ese mismo Estado "protector" suba los impuestos a todos, incluidos a los no fumadores, para recaudar los 7.500 millones de ingresos fiscales que produjo el tabaco y asimilados en 2025, y para pagar otros cuantos miles de millones por los empleos destruidos y los negocios en quiebra que va a provocar otra norma de Sumar ajena a la realidad social española.

Resulta increíble que, a pesar de los últimos resultados electorales, la extrema izquierda aún no haya aprendido que utilizar la ley para recortar libertades o para sembrar ideología suele producir efectos contrarios a los deseados.