Los partidos políticos españoles continúan deliberadamente de espaldas a la clamorosa realidad judicial que los señala directamente como estructuras afectadas por una corrupción que es ya endémica.
Al igual que un virus, la corrupción se propaga con rapidez, contagiando a cualquier institución, pública o privada, que sirva como huésped, de la que pueda parasitar hasta dejarla sin vida. Los casos judiciales que esta semana están sentando en el banquillo a altos cargos tanto del PP como del PSOE son prueba bastante de que los políticos ahora procesados utilizaron sus cargos públicos como instrumentos para cometer delitos. De esta forma corrompieron inevitablemente las instituciones que dirigían, convirtiéndolas en prácticamente inútiles para una ciudadanía que ha perdido la confianza en ellas. Después del caso de José Luis Ábalos y del caos sembrado por el ministro Oscar Puente con la alta velocidad, ¿hasta qué punto ha caído la confianza de los españoles en el Ministerio de Transportes? ¿y en el PP, con el escándalo de su contabilidad en "B" o de la "policía patriótica"?
El precio más alto que estamos pagando por la corrupción en el seno de los grandes partidos es precisamente el de la destrucción de la estructura del Estado de Derecho y, en consecuencia, de la misma democracia.
Así lo ha considerado el Consejo de Europa que hoy, en su informe preliminar sobre corrupción en nuestro país y ante el desolador panorama político-judicial que tenemos, advierte al Gobierno de Pedro Sánchez que es de "urgente necesidad" aplicar una "estrategia anticorrupción" al estar en peligro nuestro sistema democrático.
No es la primera vez que Bruselas nos advierte de nuestro preocupante nivel de corrupción política e institucional, ni es la primera vez que los partidos hacen oídos sordos a las autoridades europeas, lo que apunta a que nuestros representantes políticos continuarán evitando afrontar el problema que no es, como intentan trasmitir las formaciones afectadas, solo una cuestión de algunas "manzanas podridas" que han utilizado la política para enriquecerse ilegalmente.
El problema es estructural y el hecho de que exista un tácito pacto de silencio a la hora de plantear la aprobación de un marco legal que obligue a una financiación trasparente de los partidos mientras mantienen las actuales normas que son las que han permitido que la vida política se esté sustanciando hoy en los juzgados, indica claramente que no está en el ánimo de nuestros políticos acabar con la corrupción.
Simplemente la turbia relación que existe en nuestro país entre varias grandes empresas y corporaciones y destacados políticos y expolíticos, incluyendo el perverso medio de las "puertas giratorias" para establecer un enlace tan directo como peligroso entre el dinero privado y los asuntos públicos, muestra con bastante claridad que la intención es hacer todo lo necesario para no hacer lo necesario.
Viendo el amplio elenco de altos cargos de las administraciones públicas que se han sentado, se sientan y se sentarán en el banquillo, es obvio que el principal problema no está en las manzanas sino en el árbol.
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