No deberíamos sorprendernos tanto por todos los casos de corrupción que rodean a dirigentes del PSOE y a algunos de sus familiares, en realidad lo único sorprendente es que haya tardado tanto en hacerse público un secreto a voces que no afecta únicamente a los socialistas.
Que la corrupción es el principal enemigo de las democracias occidentales y que España no es desde luego la excepción es algo de lo que es consciente cualquiera que no viva de ella.
Los dos principales partidos del país llevan muchos años involucrados en escándalos y pleitos relacionados con la corrupción, no es nada nuevo, y teniendo en cuenta que los actuales casos que tanto nos alarman no van a ser los últimos ni los más importantes que saldrán a la luz, parece coherente pensar que este mal es endémico a la clase política, y no solo a la española.
Tenemos desde un rey fugado y refugiado en un paraíso fiscal de Oriente Medio que no está en la cárcel por ser rey, hasta presidentes de gobiernos, nacionales y autonómicos, relacionados con múltiples y diferentes tipo de delitos con un común denominador: el incumplimiento de sus obligaciones legales a cambio de una cantidad de dinero, corrupción en definitiva. ¿Y con estos antecedentes aún nos echamos las manos a la cabeza por lo que estamos viendo ahora? El ejercicio de honestidad suena algo fariseico.
Como ya hemos dicho anteriormente en este espacio, lo que vivimos hoy es solo el inicio del final de un sistema estructural de corrupción que comenzó con el proceso de privatización de las empresas del Instituto Nacional de Industria (INI) a finales de 1984, durante el primer gobierno de Felipe González.
El que el PSOE primero y luego el PP con Aznar repartieran el patrimonio público industrial español vendiéndolo a precio de saldo entre sus amiguetes se convirtió en el germen de una relación viciada que ha terminado supeditando el poder político al económico. Muchas de aquellas empresas, en principio deficitarias, terminaron formando el Ibex 35 tras convertirse en auténticas máquinas de hacer dinero al mantener, de facto y durante años, una posición monopolística ahora en un mercado privado, realidad que solo se vio mitigada, que no anulada, con el acceso a la entonces Comunidad Económica Europea (hoy Unión Europea). Hasta llegar a la actualidad, cuando todavía España mantiene una estructura de mercado oligopolística en sectores económicos esenciales que convierte nuestro libre mercado en un juego amañado. Más aún cuando además han entrado nuevos jugadores, nacionales e internacionales, que suman una impresionante capacidad inversora y que se han ganado a pulso el merecido sobrenombre de fondos buitre.
Con unos partidos políticos con megaestructuras propias de grandes corporaciones empresariales que no pueden financiar, con privilegios y prebendas para sus cúpulas, multitud de empleados y obligados a realizar campañas electorales multimillonarias que no pueden pagar, han resultado presa fácil para un poder económico y financiero al que le sobraba dinero.
Terminaron comprando el poder político al mismo precio que las empresas del INI, haciéndose así con todas las herramientas necesariaas para retroalimentar el sistema que padecemos hoy, el de una clase política a sueldo para perpetuar una cada vez mayor concentración de la renta nacional a favor de un ínfima y cada vez más poderosa oligarquía financiera y económica a costa de empobrecer a la mayoría de los ciudadanos.
Con esos antecedentes, que la democracia española haya terminado en el sistema político y económico estructuralmente corrupto que es hoy resultaba inevitable. Hacerse los sorprendidos no vale.
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