Tras la muerte de otros dos miembros de la Guardia Civil en un nuevo incidente con narcos en Huelva, el PP ha prometido que, si gobierna, habrá más medios materiales y humanos para luchar contra el tráfico de drogas, y que volverá a habilitar a la unidad OCON-Sur, que era la más eficaz en la lucha contra el narcotráfico en la zona.
Gratuito criticar la indolencia del Gobierno de Pedro Sánchez para perseguir este delito cuando la droga viene de Marruecos y, por obvio, no hace falta incidir en el constante empeño del ministro del Interior en ponerle palos en las ruedas a las Fuerzas de Seguridad cuando se trata de combatir el narcotráfico.
Todos sabemos que esto no va a cambiar mientras no cambie el Gobierno, lo único que esperamos es que el próximo presidente dé rienda suelta a Guardia Civil y Policía Nacional para investigar la sospechosa actitud de nuestros actuales gobernantes y así determinar si han podido incurrir en figuras penales como la cooperación en la comisión de delitos o de obstrucción a la Justicia. De paso no estaría nada mal que investigaran qué información le robó Marruecos a Pedro Sánchez de su teléfono móvil con el famoso programa espía Pegasus para provocar ese radical cambio de actitud que le ha convertido en un rehén de Mohamed VI.
También sabemos que el país vecino no hace nada en absoluto para impedir que la droga que allí se cultiva con total impunidad llegue a nuestras costas para ser distribuida por toda Europa, ni muestra el más mínimo interés en desarticular las organizaciones criminales que controlan el negocio, ni en destruir las enormes plantaciones de marihuana y hachís que nadie parece querer ver.
Y siendo conscientes de esta realidad, hay que ponerse a pensar en qué vamos a hacer para acabar con la impunidad del narco en casi toda la costa andaluza cuando de verdad nuestras autoridades vuelvan a poder hacer su trabajo.
Obviamente, las iniciativas aportadas por lo populares son de sentido común, aunque se antojan insuficientes, sobre todo en un momento en el que este delito se está viendo cualificado cada vez con más frecuencia por el empleo de la violencia contra las Fuerzas de Seguridad. El narco está crecido y ahora armado, se sabe impune, por eso pasea tranquilamente con embarcaciones prohibidas ante unos guardia civiles que, como bien expresó recientemente un agente, salen a perseguirlos montados en "el coche de los Picapiedra".
El próximo Gobierno debería reflexionar si el tráfico de drogas no se ha convertido ya en un problema de seguridad nacional que precisa que el Estado recupere el monopolio del uso de la fuerza para acabar, de forma radical y definitiva, con la imagen de debilidad que está mostrando actualmente el Gobierno de Sánchez ante la delincuencia organizada.
Las Fuerzas de Seguridad deben poder utilizar el armamento adecuado para inutilizar las "gomas", ahora llamadas narcolanchas, cuando desobedezcan la orden de detenerse. Aunque muchas veces apetezca, no podemos cometer una ilegalidad como Donald Trump, haciendo volar embarcaciones en aguas internacionales porque sí pero, estando en nuestras aguas, sí podemos intentar disparar contra los motores, siendo conscientes los narcos de la dificultad y riesgo que supone disparar con un arma automática de grueso calibre sobre una superficie tan pequeña durante una persecución en el mar y a toda velocidad.
Aparte, cualquier tipo de violencia contra los agentes debe ser respondida con el empleo de una fuerza radical y expeditiva que elimine la amenaza de forma definitiva. Y si las Fuerzas de Seguridad precisan apoyo o recursos de las Fuerzas Armadas, deben contar con ellos.
El narcotráfico se ha enquistado en el sur de España, pero si no hacemos nada se institucionalizará y se convertirá en un problema estructural como la mafia en Italia o Estados Unidos o los cárteles en México, una realidad que supera la capacidad del Estado para acabar con ella.
El próximo Gobierno tendrá que hacer frente a la dura tarea de desmontar el narco negocio que el actual está permitiendo y para ello deberá hacer llegar a los traficantes de droga el mensaje de que solo pueden acabar en la cárcel o muertos.
Salvo que estemos dispuestos a seguir enterrando a agentes de las Fuerzas de Seguridad, el tiempo de la debilidad debe terminar.
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