Como ya defendimos en este mismo espacio en noviembre del pasado año, cuando sucedió algo parecido en Canarias, lo que se está viviendo en Ceuta ahora no es más que la repetición por parte de Marruecos de una estrategia consistente en utilizar a sus propios ciudadanos como arma de guerra.
Como era de esperar, y de nuevo, nuestro Gobierno, haciendo gala de su tradicional cóctel de ineptitud y debilidad, mantiene esa actitud timorata que ha reducido al presidente Sánchez al papel de portavoz oficial de buenas noticias y otros anuncios grandilocuentes.
Sin embargo, al igual que pasó en Canarias, no estamos ante un problema de inmigración ilegal, y no resulta en absoluto suficiente que nuestro balbuceante ministro del Interior aparezca en la tele justificándose como un niño al que han pillado sin los deberes hechos.
Estamos ante una amenaza contra nuestra fronteras desde una potencia extranjera y eso afecta a la integridad territorial y al deber constitucional que tienen las Fuerzas Armadas de defenderla. Aparcar cuatro blindados en el Tarajal y poner a los soldados a ayudar a los que cruzan a consumar su delito de acceder ilegalmente a nuestro territorio no es, en absoluto, cumplir el mandamiento constitucional.
Evidentemente, no pueden ponerse a disparar contra civiles desarmados, y los medios de los que disponen no les hacen útiles ni como antidisturbios, por lo que, si no vas a usar la fuerza, no la despliegues. Mostrarla sin atreverse a emplearla solo debilita aún más la patética posición de nuestro Gobierno.
No obstante, conociendo el talante misionero que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha querido siempre imprimir a nuestra Fuerzas Armadas, lo raro es que no haya puesto a los soldados a repartir magdalenas, o a dar aplausos, que eso también está muy de moda.
Sin embargo, sí hay otro foro, que es la ONU, donde se puede denunciar al Reino de Marruecos por emplear a sus ciudadanos, civiles desarmados aunque organizados, y sobre todo a sus propios niños, para realizar actuaciones hostiles contra un país vecino.
Utilizar a los menores como combatientes es ilegal según el Derecho Internacional Público. Enviarlos como soldados a ocupar territorio extranjero utilizando como arma únicamente la certeza de que ese Gobierno extranjero les tratará mejor que el de su propio país, además de una vileza, es prueba de que Rabat carece de capacidad para ocuparse de su propio pueblo. O lo que es peor, de que le importan un rábano las vidas de sus ciudadanos.
Como ya hemos defendido en varias ocasiones reiteradamente, si se te escapa la gente de tu propio país, es obvio que ni tienes capacidad ni derecho a gobernarlo.
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