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Domingo, 12 de Abril de 2026

Extraño y sorprendente el quietismo ciudadano y político con el que España ha recibido la noticia de que el Gobierno central había cerrado un acuerdo sobre Gibraltar del que solo vamos conociendo algunos detalles a pesar de que entrará en vigor el 15 de julio.

Y esos pocos detalles que ha revelado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, apuntan a que, en lo que respecta a la colonia británica, España mantiene su histórica torpeza a la hora de negociar con Reino Unido.

Desde principios del siglo XVIII, cuando perdimos el peñón con la firma del Tratado de Utrech, los gobernantes españoles parecen haber sido elegidos desde Londres, pues resulta difícil creer que todos ellos hayan sido tan ineptos a la hora de abordar este conflicto territorial.

Sabemos que los ingleses se fueron apropiando de Gibraltar por capítulos y por la cara, incluso abusando de nuestra buena fe cuando utilizaron una petición de ayuda humanitaria para hacerse con el istmo, donde hoy está construido el aeropuerto con la pista de aterrizaje entrando en la bahía de Algeciras. Somos conscientes de que llevan siglos utilizando la condición de paraíso fiscal del Peñón para facilitar la opacidad de capitales y de sociedades que prefieren vivir offshore, lo más alejadas posible de cualquier autoridad económica seria; también conocemos ese régimen fiscal que ha castigado históricamente a las economías del Campo de Gibraltar, y por conocido no hace falta recordar los problemas con las aguas territoriales, la pesca o el contrabando. La piratería también va históricamente unida a la forma de actuar de Reino Unido.

No obstante y a pesar de todo, no podemos culpar a los británicos por nuestra incompetencia y falta de determinación a la hora de oponernos a sus excesos.

El acuerdo del que tanto se jacta ahora el titular de Exteriores, solo es el último capítulo de todos esos siglos de ineptitud. En realidad, la simple conformidad con este trato supone la renuncia tácita a cualquier reivindicación de soberanía y el reconocimiento de Gibraltar como territorio británico con todas las de la ley. Además permite la entrada desde el peñón de productos con un régimen fiscal privilegiado, empezando por el tabaco, lo que supone precios inferiores a los de la Unión Europea con los que La Línea de la Concepción y Algeciras no podrán competir, cuando antes antes del acuerdo solo podían entrar en nuestro territorio de manera ilegal.

La obsesión del Gobierno de Pedro Sánchez por suprimir la verja, en la que también parecen apreciar esencias del franquismo, les ha llevado a firmar otro acuerdo que perjudica a nuestro país y que probablemente cierre para siempre la posibilidad de mantener cualquier reivindicación de soberanía sobre la colonia británica. Todo ello sin que se haya sometido al Congreso de los Diputados un tratado que ni tan siquiera conocemos y que, a tenor de lo poco que se sabe, nos sitúa claramente en desventaja contribuyendo sobre todo a empobrecer aún más a todos los ciudadanos y empresas del Campo de Gibraltar.

Solo si al final se descubre que el primer ministro británico, Keir Starmer, tenía que ver con la trama Koldo-Ábalos y que también llevaba bolsas de dinero a calle Ferraz se podría entender esta decisión del Gobierno Sánchez. De otra forma solo cabe la explicación de la ineptitud.


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Por Fin