La vivienda continúa siendo ese problema alrededor del cual dan vueltas todos los partidos políticos sin atreverse a proponer soluciones concretas, definitivas y coherentes.
Las incoherentes sí aparecen de cuando en cuando, principalmente entre los partidos de izquierdas, con propuestas imposibles como la de intervenir el mercado. También está la solución cosmética por excelencia preferida por el Gobierno de Pedro Sánchez, la de poner un tope -que no “topar” como insisten los ministros- a los precios de los alquileres y establecer otras medidas que restrinjan la compra de vivienda con fines especulativos.
Es cierto que resultan medidas llamativas y atractivas para el votante de izquierdas pero la mayor parte de ellas son irrealizables en una España que forma parte de la UE mientras otras, como la de castigar fiscalmente a los que tengan casas vacías y a los llamados “grandes tenedores”, tienen un impacto anecdótico habida cuenta de la magnitud del problema.
Las soluciones realistas que los grandes partidos siguen sin poner sobre la mesa a pesar de su inevitabilidad, plantean el inconveniente de la falta de inmediatez y, sobre todo, que requieren un plazo de ejecución muy superior a los cuatro años de una legislatura y nuestros lamentables líderes políticos son demasiado mediocres como para iniciar un proyecto que termine inaugurando otro. Porque la única forma de ir enfriando el sector es a través de vivienda pública y para sacar al mercado un número relevante de inmuebles que empiece a contener los precios hace falta, cuando menos, una década.
Además, aún pudiendo pagarlo, que no podemos, ni tan siquiera serviría repetir el récord de Francisco Franco que entre 1943 y 1974 se calcula que construyó alrededor de 3,1 millones de viviendas sociales. Y eso en una España que estaba económicamente tiritando. Lástima que no dejara un manual de instrucciones para presidentes de gobierno. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en aquellos años no existía un potentísimo sector financiero especulando con el ladrillo, por lo tanto se pudo hacer algo así sin provocar un terremoto económico. Hoy no es posible.
Sea cual sea la fórmula elegida, influir en el mercado inmobiliario exigirá mucha cautela y prudencia para evitar una estampida de propietarios de viviendas, como ha sucedido en Barcelona, donde han salido del mercado de alquiler el 75% de los pisos -3 de cada 4-, asustados por una normativa intervencionista y por el desplazamiento al sector del alquiler turístico.
La única forma viable de contener los precios es a través de intervenciones públicas tan sutiles como graduales en el sector, construyendo un número anual de inmuebles suficiente para ir incrementando la oferta sin provocar un desplome súbito de los precios. Algo que nos podemos permitir aún menos que el problema que ya tenemos. Imaginen las consecuencias económicas de una pérdida significativa y rápida del valor de la vivienda para ciudadanos que soportan hipotecas en condiciones de usura, para los bancos que las venden, para inversores públicos y privados, promotores, para todas las administraciones y, por supuesto, para los propietarios tanto nacionales como extranjeros.
Estas circunstancias nos conducen obligatoriamente a un imposible entre los grandes partidos políticos españoles: la necesidad de un pacto de Estado que obligue a respetar un plan de vivienda consensuado que tendría un plazo de ejecución de unas dos décadas y que sería de obligado cumplimiento para cualquier partido que acceda al Gobierno en ese tiempo.
Obviamente, viendo lo que vemos cada día, esto es ciencia ficción.
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