Mañana jueves comienza la cumbre en la que la Comisión Europea pretende convencer a todos los países miembros de que confiscar los activos rusos congelados en la UE para destinarlos a la reconstrucción de Ucrania es una gran idea. No lo es, y es ilegal.
Cuando en 2022 se produjo la invasión, las sanciones comunitarias inmovilizaron 193.000 millones de euros depositados en el banco belga Euroclear, entidad especializada en custodiar activos de países extranjeros, de los que ahora Bruselas pretende utilizar alrededor de 93.000 millones y prestárselos a Ucrania para que financie la reconstrucción. La mayor parte de este dinero es del Banco Central de Rusia.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lleva meses haciendo campaña para conseguir la unanimidad que permita coger el dinero que no nos pertenece y prestárselo a una nación enemiga del legítimo propietario de esa fortuna, al que ni tan siquiera pensamos pedir permiso.
Cuestión aparte es que, teniendo en cuenta cómo está la economía ucraniana y el grado de corrupción política e institucional del país, las posibilidades de que Kiev devuelva esos 93.000 millones es ciencia-ficción. Hay que pensar que parte de las armas ligeras que estamos enviando o pagando a las tropas ucranianas no han llegado a ver un uniforme y han pasado directamente al mercado negro para nutrir los arsenales del crimen organizado internacional, ¿o nadie se ha preguntado por qué ya no resulta extraño que cada vez se intervengan más armas de asalto, especialmente los conocidos AK-47 Kalashnikov, a los narcos, incluso aquí en España? Si pasa eso con las armas que enviamos para que puedan defenderse, imaginen lo que sucederá con todo ese dinero que pretendemos entregar a Kiev.
Esta es solo una visión práctica y realista de lo que sucederá si la Comisión logra su objetivo. Porque hay otra perspectiva aún a tener en cuenta: ese dinero pertenece legalmente a Rusia y es un delito disponer de él sin la autorización de su propietario. El que los rusos hayan invadido ilegalmente Ucrania o el que estén cometiendo crímenes de guerra contra la población civil no puede ser respondido cometiendo otro delito. Existe una justicia internacional que deberá sentar en el banquillo en su momento a Vladímir Putin, la misma que sentará a los miembros de la Comisión Europea si “roban” el dinero de otro país. El hecho de que lo hagan en concepto de préstamo a un tercero es jurídicamente irrelevante.
Es cierto que muy probablemente esa justicia internacional no logre jamás alcanzar a Putin, e incluso que Kiev despilfarre el dinero y no pase nada en absoluto, pero de eso solo son culpables los países más poderosos que han creado un aparato judicial internacional para perseguir a líderes y exlíderes de países pobres o subdesarrollados. En Occidente no tenemos derecho a cuestionar a esos tribunales, los hemos creado para que no puedan alcanzarnos.
Victor Orbán, primer ministro de Hungría, afirmó ayer martes que disponer de ese dinero sería una “declaración de guerra” a Rusia. Quizá no tanto pero, desde luego, iba provocar una respuesta de Moscú que iría más allá de las actuales acciones de guerra asimétrica que está utilizando contra Europa.
Lo que sí es más importante, y tal vez la principal consecuencia de esta nueva mala idea de Bruselas, es que “atracar” Euroclear lanzará al mundo el mensaje de que las entidades financieras europeas no son fiables para custodiar depósitos, sobre todo cuando es la presidenta de la Comisión Europea la que va entrar en la entidad bancaria cubierta con un pasamontañas. Adiós a la credibilidad del euro como moneda refugio, de nuestros bancos y de nuestras instituciones de un solo plumazo. Adiós además a la seguridad jurídica y, en consecuencia, a la inversión extranjera.
Rusia no necesitará declararnos la guerra para hacernos daños, ya nos bastamos nosotros.
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