La fiebre del oro

Está por un lado el hecho de que Donald Trump no cuenta toda la verdad en lo que respecta a su agresiva política contra Venezuela y Colombia y, por otro, la creciente normalización de formas de gobernar propias de un dictador tercermundista.

Porque gran parte de los actos de gobierno que realiza el presidente norteamericano son moralmente cuestionables cuando no delitos de libro de texto. Es cierto que Trump, como tantos otros déspotas ególatras faltos de sentido común, cree que la ola en cuya cresta va montado nunca se estrellará contra la costa. Cualquier surfista sabe que el presidente se equivoca.

Vladímir Putin también se siente hoy inmune, impune, inmejorable y eterno, pero, al igual que con Trump, este momento pasará. Bibi Netanyahu o Pedro Sánchez han entrado sin embargo en la fase dos del proceso de caída y mientras el primero suplica públicamente al presidente del país que le indulte para no acabar en la cárcel, nuestro presidente, también ante las cámaras de televisión, ofrece lo que sea a quien sea con tal de  mantener el actual estatus que complica mucho lo de meterlo en la cárcel. Pero también llegará ese momento. ¿Alguien se podía imaginar hace unos años al todopoderoso Ábalos en prisión? A los tiranos les suele pasar como a los narcos que, por pura soberbia y estupidez, terminan cayendo al exhibir un tren de vida, unos recursos y una actitud que no pueden justificar ni explicar.

Más lamentable es que, aún estando en la cresta de su ola, ningún país, jefe de Gobierno, de Estado o bien alguna organización internacional, le haya advertido a Donald Trump que no es legal “cerrar” el espacio aéreo de un país extranjero, incluso el de Venezuela. Que no se puede amenazar al presidente de un país soberano, incluido al de Venezuela, para que abandone el poder en un plazo bajo amenaza de guerra. El primer caso implica la ocupación de un espacio aéreo extranjero, el segundo la intromisión en otro Estado para derrocar a su gobierno. En ambos casos es ilegal. Al igual que también lo es asesinar a ciudadanos extranjeros a los que se acusa de narcotráfico sin la más mínima prueba y sin que un juez haya dictado sentencia alguna al respecto. Esto también es ilegal, incluso tratándose de venezolanos.

Más aún, ni aun demostrando que los asesinados por las Fuerzas Armadas de EEUU en el Caribe iban en lanchas cargadas de droga, pueden matarlos en aguas que no son norteamericanas por un delito que aún no han cometido.

Es cierto que hay multitud de aspectos cuestionables en el presidente Nicolás Maduro y en su forma de gobernar, pero salvo que se pruebe que está realizando actos de injerencia en otros países o que efectivamente dirige una organización criminal, es un problema venezolano en el que no podemos meternos. Estados Unidos tiene derecho a intentar influir en la política de su vecino utilizando las herramientas legales que existen en el Derecho Internacional Público, pero las invasiones, las operaciones encubiertas y el asesinato no se encuentran entre ellas.

Y estas consideraciones son especialmente relevantes ante las crecientes dudas sobre los argumentos utilizados por Donald Trump para saltarse la legalidad internacional cuando le da la gana. Su “guerra” contra el narcotráfico choca con el hecho de que haya indultado hace unos días al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, que está cumpliendo 45 años de prisión en Estados Unidos por haber introducido 500 toneladas de cocaína en territorio norteamericano.

¿Se trata de luchar contra el narcotráfico o solo de cambiar a los jugadores?

Y si pasamos del “oro blanco” al “oro negro”, no podemos olvidar que Colombia es el mayor productor mundial del primero y que Venezuela tiene las mayores reservas del mundo del segundo.

Lo que consiga Estados Unidos tras amenazar a estos países nos dirá si Trump dice la verdad o si, simplemente, es la fiebre del oro.