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Esquizofrenia migratoria

Editorial

Miércoles, 13 de Agosto de 2025

Demonizar a la población por asumir en número creciente el discurso "racista y xenófobo" de esa extrema derecha a la que los partidos de izquierda se refieren como si se tratase de otro tipo de migración irregular, no va a servir para solucionar el problema.

Nuestro discurso migratorio sigue siendo esquizofrénico. La versión oficial obliga a fingir un buenismo y una solidaridad hacia los que entran en nuestro país irregularmente que en realidad no practicamos. La versión no oficial, la contraria, cada vez más numerosa y opuesta a la entrada no reglada de extranjeros a nuestro país, que es fruto de décadas de errores en las políticas migratorias tanto del PSOE como del PP, se alarma en exceso y ya ve a los bárbaros a las puertas de Roma.

Esas dos Españas, divididas entre los que dicen sí a la inmigración y los que defienden el no, aciertan y se equivocan en parte. Y los que más errores cometen en la materia son todas las administraciones que, condicionadas por discursos ideológicos y por un temor reverencial a ser tachados de “xenófobos”, y que esto condicione sus espectativas electorales, abandonan al migrante irregular en un limbo jurídico, social y económico del que, salvo casos excepcionales, no puede escapar.

Eso motiva que nos encontremos en nuestra ciudades con concentraciones numerosas de población migrante a las que embolsamos entre la ilegalidad y la inexistencia. Damos lugar así a situaciones que, de no mediar el drama humano, resultarían cómicas: permitimos el empadronamiento de quienes no están regularmente en el país, concendiéndoles acceso a derechos en las mismas condiciones que cualquier ciudadano, aunque sin que cumplan las obligaciones legales y fiscales que permiten financiar esos servicios.

En Marbella, la tarjeta de movilidad, que da derecho al transporte público gratuito es la mejor microexpresión del fracaso del Estado de Derecho y de los principios de justicia e igualdad. Un ciudadano español con plenos derechos que viva y pague sus impuestos nacionales, autonómicos y municipales en Marbella, no tendrá derecho al transporte gratuito si no está empadronado; un inmigrante irregular que no paga impuestos en ninguna parte de España, sí tiene derecho a esa tarjeta solo porque se le permite empadronarse.

Del lado contrario, permitimos a los extranjeros indocumentados permanecer en nuestro país pero no consentimos que realicen ninguna actividad que les permita vivir, aún menos prosperar. En este sentido, el lamentable y frecuente espectáculo de nuestros policías persiguiendo como a conejos a los migrantes senegaleses por las playas para intervenirles los artículos falsificados que venden, para que vuelvan al día siguiente a hacer lo mismo en el mismo sitio, es otro buen ejemplo de ese discurso esquizofrénico e inmoral de nuestras administraciones a las que el buenismo y la solidaridad se les agotan tan pronto los periodistas apartan el micrófono.

En esa dinámica de oportunista bipolaridad política, quienes están sin estar en nuestro país llevan una vida sin vida, en pisos patera que no se sabe cómo han logrado alquilar pagando un alquiler que no se sabe cómo pueden pagar, sin posibilidad de ser titulares nada más que de los zapatos que llevan puestos y, por supuesto, sin posibilidad alguna de un futuro, algo que ya resulta un logro titánico para los que somos ciudadanos normales y corrientes.

La solución planteada por Pedro Sánchez de realizar una regularización masiva no es solo una injusticia sino también una irresponsabilidad al animar a las organizaciones criminales y a los gobiernos emisores de los países emisores a seguir con el negocio de la trata.

Y es una injusticia porque el presidente del Gobierno no es nadie para decidir desnaturalizar nuestro propio país, además de transmitir al ciudadano el mensaje de que no cumplir la ley tiene premio.

Para terminar, le suma a España una carga humana que no podemos asumir. Con unos niveles de pobreza relativa y absoluta en constante crecimiento, generaciones enteras de jóvenes pobres con nóminas que no dan para pagar un alquiler y con desalojos forzosos en los aeropuertos de gente que no tiene donde dormir, regularizar a más de medio millón de personas no es solo inmoral, es inhumano.


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