No hubo sorpresas. Como todo el mundo suponía, Pedro Sánchez seguirá aferrado al sillón mientras Roma arde. Ni dimisión, ni elecciones anticipadas, ni decencia; se plantó ante todos los parlamentarios para mentirles sin compasión.
Esto también lo esperábamos la inmensa mayoría de los españoles. Mintió también cuando aseguró que no sabe nada de toda la corrupción que le rodea, ni a qué se dedica la mujer con la que convive, ni en qué trabaja su hermano. Mintió en todo porque esa opción es menos desesperanzadora que la de pensar que dijo la verdad y que no se enteró de nada, lo que le convertiría automáticamente en el español menos apto para presidir el país. No resulta creíble, nadie es tan inepto.
Lo que está intentando hacer Sánchez es construir un cortafuegos imposible entre la corrupción estructural que existe en los grandes partidos políticos españoles y la figura del presidente del Gobierno, para evitar que se termine admitiendo que el origen y el final de la corrupción política en España está en la financiación de los mismos partidos que se rasgan las vestiduras en la Cámara Baja cuando le descubren al contrario el siguiente asunto turbio. Esta es una obviedad que es de sobra conocida, tácitamente aceptada, aunque jamás reconocida.
Esa realidad convierte el “plan anticorrupción” presentado hoy por Sánchez en el Congreso en una ridícula pantomima que terminará sirviendo, como en casos anteriores, para hacer aún más opaco ese intercambio de dinero a cambio de favores entre empleados públicos corruptos y corruptores privados. A estas alturas nadie cree que un presidente del Gobierno dispuesto a saltarse leyes o a cambiarlas para lograr el control de todas las instituciones claves del Estado vaya a crear un "aparato anticorrupción" que funcione, porque sin esa corrupción nuestro actual sistema político probablemente se hundiría.
Más aún, el plan del presidente comienza por la creación de una “agencia de integridad que sea pública e independiente”, que terminará siendo otra carísima institución pública con presupuestos y sueldos millonarios donde cada presidente colocará a sus amiguetes para garantizar que los futuros “intocables” de Pedro Sánchez estén en la nómina de Al Capone desde el primer día. Después de lo que ha hecho con la Fiscalía General del Estado o con el Tribunal Constitucional, los únicos que quieren creer al presidente son precisamente los miembros de ese cada vez más reducido círculo de “leales” que mantiene la “omertà”, la ley del silencio de la mafia.
Sin embargo, como tantas veces ha sucedido en la lucha contra el crimen organizado a lo largo de la historia, al final siempre hay alguien que termina rompiendo el juramento mafioso, entregando pruebas a cambio de un acuerdo con la fiscalía. Y al círculo de Sánchez ya le han salido los primeros soplones. Solo es cuestión de tiempo que alguno de ellos señale al presidente o que surja otro audio que confirme lo que todos sabemos: que el dinero y la política han construido un sistema enfermo que está destruyendo lo poco que queda de nuestro Estado de Derecho.
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