Resulta difícil creer que el Gobierno pueda tomar una decisión tan importante como la de regularizar a cerca de un millón de inmigrantes, que no medio millón, sin preguntarle a nadie y sin que su decisión esté sometida al control y aprobación de las Cámaras.
Y son cada vez más frecuentes y numerosas las decisiones de lo gobernantes que afectan directamente a aspectos esenciales del país que hemos construido y que van dirigidas precisamente a desmontar esa estructura y sustituirla por otra diseñada para que esos mismos gobernantes refuercen su posición de privilegio y puedan perpetuarse en el poder. No solo es Pedro Sánchez el que está abusando del marco constitucional para acabar con él, Donald Trump también lo hace en los Estados Unidos, Orban lo hacía en Hungría hasta el pasado domingo, Milei apunta maneras en Argentina y de Vladímir Putin o Kim Jon-un ni hablamos porque juegan en otra liga.
Estamos ante un fenómeno nuevo y desconocido, un nuevo enemigo que le ha nacido a la democracia occidental y que parece capaz de reproducirse y saltar de país en país como lo hace cualquier virus. Es un enemigo con el que no contábamos y para el que nadie diseñó mecanismos de defensa; resultaba impensable que los elegidos para dirigir un país ejercieran el cargo para acabar con él y reconstruirlo a su conveniencia.
Porque esta es la única razón que subyace a esa precipitadísima regularización masiva de la que Pedro Sánchez se ha cuidado muy mucho de no informar a nadie, ni tan siquiera a Bruselas, que ve con tanta preocupación como indolencia el peligro de que el coladero abierto por el Gobierno español inunde toda Europa de extranjeros tan desconocidos como incontrolados por las autoridades.
Los primeros en advertir del peligro que representa esta última irresponsabilidad de Pedro Sánchez han sido las Fuerzas y Cuerpos del Seguridad del Estado que avisan del riesgo de esa política de puertas abiertas que permitirá la regularización de cualquiera sin que sepamos quién es, porque el Gobierno ha facilitado al máximo la posibilidad de acceder a la regularización sin necesidad de presentar un certificado de antecedentes penales, lo que permitirá a cualquier extranjero irregular que los tenga dejar de tenerlos y convertirse en una amenaza potencial pero legal para todos los ciudadanos. El terrorismo yihadista, que sin duda fue previsor en su momento y colocó a sus durmientes en las pateras con destino a nuestras costas, se estará frotando las manos calculando a cuántos "infieles" podrá asesinar gracias a las facilidades que les está procurando este Partido Socialista de Sánchez.
Parece evidente que nuestro sistema político, social, jurídico y económico, el que estructura nuestra forma de vida, tiene que cambiar y tener capacidad para adaptarse a las nuevas circunstancias que vayan apareciendo. Actualmente es un bloque prácticamente inmutable pues cuando se diseñó nadie se planteó la posibilidad de que llegarían gobernantes electos con el principal objetivo de sabotearlo.
El que Sánchez, en una práctica que recuerda mucho al fraude de ley, convierta la figura del Real Decreto Ley en la principal herramienta para desplegar un poder tan absoluto como despótico, al igual que hace Trump en Estados Unidos, es algo que los constituyentes nunca contemplaron pero que nos está pidiendo a gritos colocarle a nuestra democracia un nuevo y más completo chaleco antibalas.
Además, especialmente reforzado en la espalda para protegerla del "fuego amigo".
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