La última jugada de Pedro Sánchez en relación con la inmigración irregular consistente en universalizar el derecho a la sanidad pública para cualquiera que se encuentre en nuestro territorio nacional es un paso más en su estrategia dirigida a alterar demográficamente la naturaleza del voto en España.
No obstante, sería injusto señalar únicamente al presidente del Gobierno como artífice de ese objetivo, que lo es en realidad de toda la izquierda; Sánchez solo dirige la orquesta en este momento porque el proceso de cambiar el sentido del voto alterando el equilibrio poblacional necesitará entre diez y quince años para consumarse.
El problema del conjunto de la izquierda española sigue siendo el mismo que ha tenido históricamente esta ideología: la certeza de que son los únicos que tienen razón y, por tanto, deben imponer esa verdad a un votante que ni sabe ni entiende. Este es el motivo de que culpen constantemente a conspiraciones judeomasónicas y a poderes ocultos con ramificaciones en los medios de comunicación del ascenso de lo que llaman, constantemente por cierto, “extrema derecha”. En realidad para la izquierda que conocemos es “extrema derecha” cualquiera que no piense como ellos porque, al fin y al cabo, según su doctrina, verdad solo hay una.
También resulta obvio, como podemos ver diariamente en el escaparate nacional, que ningún miembro de esa autodenominada “izquierda progresista”, a pesar de la contradicción intrínseca del término, va a reconocer públicamente que esa efervescencia de las derechas es solo expresión del hartazgo ciudadano por las muestras de incompetencia en el ejercicio del poder público y por esa corrupción endémica que ha provocado el vuelco del voto ciudadano que el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios no están dispuestos a permitir.
En realidad, Vox no está ganando apoyo electoral, los demás lo están perdiendo, y no hay nadie más a quien votar.
Y dado que cada vez hay más gente que está adquiriendo la mala costumbre de no votar a quien debe sino a quien quiere, la izquierda se ve en la obligación de corregir ese error ciudadano. En el pasado se solucionaba fusilando al disidente pero actualmente esto no es políticamente correcto, así que hay que pensar en otro camino para alterar el resultado electoral. Sumar un número suficiente de nuevos votantes que ejerzan su derecho en determinada dirección es la única forma.
Atraer inmigración irregular facilitándole la entrada, concediéndole tantos o más derechos que tienen los nacionales y comprando su apoyo con subvenciones y ayudas pagadas, por supuesto, con el dinero de los impuestos de los que no son irregulares, garantizará ese futuro y nuevo nicho de voto que la izquierda ha perdido por los pecados cometidos.
Ahora llega el segundo paso necesario para fabricar a esos nuevos votantes, la regularización masiva y generalizada que pretende realizar Pedro Sánchez para, en un futuro próximo, facilitar el necesario proceso de nacionalización que permitirá votar. No es casualidad la flexibilidad con la que el Gobierno trata a los inmigrantes menores no acompañados que, además de alcanzar en pocos años la mayoría de edad, una vez regularizados podrán pedir la reagrupación familiar y traerse a sus familias, generalmente bastante numerosa.
Sin olvidar que muchos de los migrantes irregulares que recibimos proceden de países con unos altísimos índices de fecundidad y que mientras los españoles nos compramos perritos ellos tiene hijos, no hace falta saber mucho de números para poder aventurar los resultados electorales en menos de veinte años.
Tampoco hay que olvidar lo que dijo a primeros de año la inepta exministra de Podemos, Irene Montero: "Ojalá podamos barrer de fachas y de racistas este país con gente migrante”.
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