Mientras la vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y coordinadora general de Sumar, Yolanda Díaz, llama al pueblo a las barricadas contra los jueces, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, habla de “reventar a la derecha” antes de que gane las próximas elecciones. El que nace lechón, muere cochino.
Parece que la izquierda que se autodenomina “progresista” y “democrática” se quita finalmente la careta tras la sentencia condenatoria contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y muestra que su progresismo y espíritu democrático solo alcanza hasta que algún juez les incomoda o hasta que pierdan unas elecciones.
De la misma forma, diferentes miembros del Gobierno, incluido el presidente, han puesto en duda la imparcialidad de la Justicia y hasta han acusado, tácita y expresamente, de prevaricación a los magistrados del Tribunal Supremo, a los que también diferentes ministros han llamado fascistas, franquistas y golpistas, por haber dictado una sentencia que no les agrada.
La postura de la izquierda radical era previsible y hasta inevitable. Históricamente el radicalismo político ha sido cuna de grandes fascistas, de déspotas y dictadores, tanto de izquierdas como de derechas, Podemos y Sumar no iban a ser la excepción.
Sin embargo, no resulta especialmente preocupante por su carácter circunstancial ya que, todos los sondeos, incluidos los del CIS de Tezanos -y eso es para nota-, sitúan a ambas formaciones en la marginalidad política, abocadas casi a la extinción. Algo que en realidad podría adelantar cualquier ciudadano con un mínimo de sentido común tras la cantidad de sandeces que han dicho y hecho los miembros de ambos partidos en el ejercicio del poder.
Resulta más preocupante la postura de este PSOE de Pedro Sánchez, que previsiblemente seguirá siendo el segundo partido más votado del país en las próximas elecciones, porque su Gobierno apunta a una deriva totalitaria que se intensifica en la misma medida en la que se le van torciendo las cosas ante los crecientes problemas con sus socios y, sobre todo, con los numerosos casos de corrupción que le afectan.
Ese cierre de filas contra aquellos jueces señalados por tomar decisiones que, de una forma u otra, puedan perjudicar a Sánchez parece apuntar a un globo sonda, una prospección en la opinión pública para medir cómo responderían los españoles a un movimiento involucionista que acabara con la independencia del Poder Judicial y lo pusiera, ya sin tapujos, al servicio de un presidente del Gobierno que cada vez recuerda más a ese dictador al que se empeña en resucitar cuando le surge un nuevo problema. Este sí sería el auténtico “golpe de Estado blando” al que se han referido reiteradamente miembros del Gobierno desde que el Supremo condenó a García Ortiz.
Por otro lado, la invitación de Ione Belarra, realizada en el Congreso de los Diputados, para “reventar a la derecha” y evitar que gane las próximas elecciones también parece flirtear con la idea de no respetar el resultado electoral.
Con el socialismo real aún amordazado, el sanchista y la izquierda radical estudian cómo impedir que el poder se les escape entre los dedos, algo que en las actuales circunstancias resulta bastante probable, sin embargo lo que queda por ver es hasta dónde está dispuesto a llegar el actual Gobierno para perpetuarse. ¿“Reventarán” las urnas como propone Belarra?
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