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Miércoles, 25 de Diciembre de 2024
Por Fernando Madariaga

Siempre he creído que la lotería de Navidad, al igual que los demás sorteos que tanto se publicitan en nuestro país, son una contradicción que refleja los rasgos esquizoides que manifiesta el Estado a la hora de defender una cosa y luego hacer la contraria.

Resulta ridículo que varios ministerios gasten una fortuna en prevenir los riesgos de la ludopatía, en proteger a los menores de esa adicción, hasta el punto de dictar leyes con imposiciones estúpidas a las casas de juego, como la prohibición de abrirlas a menos de 150 metros de centros educativos, cuando esos mismos menores tienen acceso libre a muchos más juegos adictivos gracias a los teléfonos móviles que les regalan sus papás. Seguro que el estar a 200 metros de un colegio evita que los críos se hagan adictos.

Y esa preocupación pública por evitar la ludopatía no casa en absoluto con la enorme promoción, pagada con dinero de nuestros impuestos, que este Estado esquizofrénico hace de los sorteos que patrocina y de los que es siempre el premiado, empezando por el de Navidad y continuando con todos los demás que hace la Lotería Nacional.

Sumando el hecho de que es también el Estado el único ganador perpetuo vía impuestos de todos los juegos de suerte, envite o azar que son legales en España, resulta evidente que es también ese Estado protector el mayor “camello” del país a la hora de fabricar ludópatas y de satisfacer a los que ya ha conseguido convertir en adictos.

A todas estas contradicciones hay que sumar la de la ONCE, oficialmente una Corporación de Derecho Público con un fin social que ha terminado convirtiéndose en una gran y rentable empresa gracias a su cupón, del que el Estado, siempre ganador, también saca una pasta. Hacerse rico a base de vender un juego de suerte o azar, pagar lo más grande en impuestos y, encima, todo por un buen fin. Sobresaliente. Y en lo de Cruz Roja y su sorteo de lingotes de oro, ni entramos.

Si seguimos hablando de juego, no olvidemos los bingos y los casinos, en los que siempre el Ministerio de Hacienda es el tahúr ganador.

Al igual que se detiene al que se lucra con la cocaína porque crea adictos y destruye vidas, la Guardia Civil debería hacer lo mismo con el Estado por un delito contra la salud pública. El juego también crea adictos y destruye vidas.

O tal vez deberíamos hacerlo al revés y legislar para que Hacienda también “pille” de la venta de cocaína, marihuana, éxtasis, fentanilo y demás drogas. Ya que es evidente que estamos perdiendo la guerra contra los narcóticos, al menos podríamos financiar el quebrado sistema de pensiones. A los adictos muertos en el camino el poder público puede considerarlos daños colaterales y seguir jugando a Estado protector.

Personalmente creo que es una inmoralidad que un país tenga un “Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado” cuya naturaleza es la de organismo autónomo de carácter comercial, sobre todo cuando luego gasta una millonada de nuestro dinero en varios ministerios que fingen proteger la salud de los españoles frente a las adicciones.

En no pocas ocasiones me han rebatido este argumento apelando al carácter tradicional de sorteos como el de Navidad, a lo que siempre respondo lo mismo: también era costumbre quemar infieles y brujas cuando existía la Inquisición. El mundo evoluciona.


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