Alguien del Gobierno debería decirle a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que es también la vicepresidenta segunda del Gobierno, no la presidenta. Además, aclararle que la Presidencia no es mancomunada, que solo hay un presidente y un Gobierno, y que coaligarse para gobernar no significa que cada partido de esa coalición tenga derecho a un dormitorio en La Moncloa.
Porque la última excentricidad de Díaz ha sido firmar una especie de acuerdo con los sindicatos, excluyendo a la patronal y sin contar con el visto bueno de Pedro Sánchez, para reducir la jornada laboral de las actuales 40 horas semanales a 37,5 durante el próximo año.
Repitiendo en su papel de "Antoñita la Fantástica", la ministra vuelve a tener otra de sus ocurrencias que rápidamente ha publicitado sin pararse un momento a reflexionar sobre la viabilidad y posibles consecuencias de esta última tontería.
Por suerte para todos, las iniciativas de Yolanda Díaz suelen terminar en alguna papelera o convertidas en normas que nadie aplica, ni nadie obliga a aplicar. En esta ocasión, lo más probable es que ni tan siquiera llegue al BOE porque, salvo a ella y a los dos dirigentes sindicales de CCOO y UGT, la idea no convence a nadie, y eso incluye a muchos trabajadores que son conscientes de lo que realmente significa trabajar menos tiempo por el mismo sueldo. La ciencia de la Economía no perdona la estupidez.
No es cierto, como ha defendido la ministra, que la ocurrencia de reducir de pronto la jornada laboral responda a un “consenso social imparable, el de la calle”. Lo que demuestra que el único contacto que parece tener Díaz con “la calle” es el de los metros que separan el coche oficial de la puerta de la peluquería.
Y aún es peor que Díaz haya pretendido imponer esta medida de forma unilateral a su propio Gobierno, a los agentes sociales y todos los trabajadores de España a pesar del importante impacto en la economía nacional que tendría de llegar a aprobarse, algo que no va a suceder, al menos no de esta manera.
El plan de Díaz le costaría al empresario 1.000 euros por empleado al año, un coste total de unos 10.000 millones de euros a nivel nacional. No hace falta mucha imaginación para calcular lo que podría significar algo así para un país de pymes y de pequeños autónomos.
Ni es necesario ser un experto economista para calcular cuántos empleos se destruirán porque el empresario no pueda asumir esos costes, sobre todo cuando además Yolanda Díaz pretendía -les adelanto que no se va a aprobar en estas condiciones- que esos vapuleados empleadores pagaran también sistemas digitales en sus empresas para que la inexistente Inspección de Trabajo pudiera controlar el cumplimiento de los horarios sin moverse de la silla.
Evidentemente, cualquiera que realmente conozca el mundo laboral español sabe que ni tan siquiera se aplica la ley que obliga a “fichar” y a contabilizar, y pagar, las horas extras, por lo que aún menos llegaría a aplicarse efectivamente ese control sobre la reducción de la jornada que, por otro lado, ni aún con los artilugios de espionaje de la CIA, el Ministerio de Trabajo tiene capacidad de inspeccionar.
Por otro lado, la OCDE ya ha advertido a la ministra que no existe una relación directa entre disminución de jornada y aumento de la productividad, como defiende Díaz. De hecho, probablemente sucedería lo contrario, lo que también afectaría a la solvencia financiera de nuestro país de cara al extranjero.
En la película “Yolanda en el País de las Maravillas” todas las empresas del país son como Zara, El Corte Inglés y las grandes del Ibex. La España real es otra.
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