Dentro de la dinámica hacia el absolutismo a la que este Gobierno está conduciendo a España, era previsible el paso que ahora da el Ministerio del Interior, haciendo entrar en vigor el próximo lunes el Real Decreto 933/2021 que obliga a todo tipo de alojamientos y a empresas de alquiler de vehículos a realizar un extenso cuestionario a huéspedes, inquilinos y clientes para luego trasmitir al Gobierno ese cúmulo de datos tan privados como privilegiados.
No es por casualidad que el sector hotelero haya rebautizado a la norma como la ley “gran hermano” por el indudable poder que supone para un Pedro Sánchez obsesionado tanto por acumular poder como por controlar todo lo que sucede en el país.
Por supuesto, la justificación que alega el texto legal en su exposición de motivos es siempre el mismo: facilitar a las Fuerzas de Seguridad del Estado la información necesaria para combatir el terrorismo y el crimen organizado, a pesar de que el resultado final y fáctico será un mayor control sobre la privacidad del ciudadano.
Es cierto que con esa información se podrá detener a delincuentes, pero también es obvio que, conscientes de la existencia de este Real Decreto, terroristas y bandas organizadas tomarán las precauciones necesarias para evitar o sortear ese control. Los que no haremos nada al respecto somos nosotros, los ciudadanos de a pie que no tenemos nada que ocultar, pero que tenemos derecho a caminar por la calle sin un gran ojo gubernamental pegado a nuestra espalda.
Lo cierto es que las obligaciones de recabar datos que el Ministerio del Interior exigirá a los hoteleros son de tal entidad y tan diversas que dotarán al Gobierno de un inmenso banco de datos de ciudadanos inocentes, porque incluso los culpables no lo serán hasta que se demuestre lo contrario.
La cantidad de preguntas, una treintena, que tendrán que hacer los hoteleros a sus clientes no tiene nada que envidiar a un interrogatorio policial. Si bien, por ahora, el Gobierno no exigirá tomar las huellas dactilares, medir a los turistas, ni fotografiarles de frente y de perfil sujetando una placa con un número. No obstante, no se acomoden, con la deriva absolutista que lleva Pedro Sánchez, puede que no tarde mucho en imponerlo con un nuevo “decretazo”.
Con la vista solo puesta en controlar a la población, los “progresistas” del PSOE no se han dado cuenta de los peligros que acarrea esta nueva intromisión en la privacidad del ciudadano. Sin pararnos a discutir cómo se llevará esta norma con la Ley de Protección de Datos, sí vale la pena plantearse el poder fáctico que otorgará al Gobierno el inmenso banco de datos que le van a regalar los hoteleros, una información que económicamente tendrá también un millonario valor patrimonial.
Por otro lado, aceptando pulpo como animal de compañía, daremos por supuesto que el Ministerio del Interior dispone de los recursos informáticos adecuados para proteger esa información, a pesar de que los hackers han demostrado mil veces que tienen capacidad para acceder a cualquier base de datos pública. Pero ¿y los hoteleros? Todos estarán obligados a mantener sus propias bases con la información de todos sus clientes durante tres años. Unos bancos de datos informatizados valiosos y caros que serán mucho más “asaltables” que la sucursal bancaria de nuestro barrio.
Quizá las grandes cadenas hoteleras dispongan de recursos para hacer el dispendio económico al que obligará el Decreto, pero es poco probable que esa gran mayoría de hoteles que no son los grandes cinco estrellas, los hostales, las casas de huéspedes o los pisos turísticos de particulares no dispongan de medios para pagar el equipo informático, el software y el personal cualificado para cumplir con la obligación legal de convertirse en confidentes del Ministerio del Interior.
El Gobierno esgrime para justificar el Real Decreto que los criminales necesitan alojamiento y movilidad, de ahí que tengan que ser los hoteles y las empresas de vehículos de alquiler las que hagan el trabajo de la policía. Sin embargo, los delincuentes también necesitan comer o beber, lo que conduce a sospechar que restaurantes y bares pueden ser los siguientes reclutados forzosos a ser informantes de Interior, y que se preparen dentistas y peluqueros, porque pueden ser los siguientes.
Todo esto para decir sencillamente que este Decreto es peligroso, sobre todo en un entorno de limitación de derechos, recorte de libertades, asalto del Gobierno al Poder Judicial, intentos de limitar la libertad de expresión y de censurar a los medios de comunicación contrarios al régimen de Pedro Sánchez.
En otro entorno, tal vez en otro país o bien con otro Gobierno, pocos ciudadanos se opondrían a esta norma porque entrega a las fuerzas de seguridad una valiosa información que, bien utilizada, contribuye a la seguridad común.
Sin embargo, no confiamos en nuestros políticos y aún menos que pretendan hacer un uso correcto de una herramienta que pueden convertir en arma.
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