Que en otra de sus desacertadas declaraciones nuestro ministro de Exteriores, José Manuel Albares, dijera esta semana que su principal objetivo como ministro es conseguir que Bruselas apruebe el catalán como una lengua oficial más de la Unión Europea, además de ser una mamarrachada, tiene más consecuencias para España de lo que parece.
Con la sucesión de descalabros que está cosechando el Gobierno de Pedro Sánchez en política exterior, resulta obvio que lo de convertir el catalán en lengua oficial de la UE a pesar de que se calcula que solo la hablan 7.300.000 personas en el mundo, no parece el problema más urgente del que tenemos que preocuparnos a nivel internacional, sobre todo teniendo en cuenta los follones que tenemos montados con Venezuela, Argentina, Israel, México, Marruecos y con los representantes y aliados del Frente Polisario en el Sahara Occidental. Sin embargo, es en España donde las irresponsables declaraciones de Albares tienen más efecto, incluso a nivel de Derecho Internacional Público.
Todo apunta a que Pedro Sánchez tiene intención de saltarse de nuevo la Constitución concediendo a los separatistas catalanes una soberanía tácita cedida “por etapas” para, de esta forma, lograr lo que el Congreso jamás le permitiría al no contar con la mayoría suficiente para reformar la Constitución.
Ya en 2017, Raúl Romeva se presentaba fuera de España como “ministro de Asuntos Exteriores” de Cataluña, algo que el actual Gobierno ha estado consintiendo, cuando no animando, al permitir a la Generalitat que reabra sus “embajadas” en el extranjero y permitir que ejerzan como tales. Esto, obviamente, no es más que una forma tácita de ceder soberanía por parte del Gobierno central al “delegar” de facto una competencia que es exclusiva del Estado, algo que no puede hacer sin reformar la Constitución.
El pretender reconocer el catalán como lengua oficial de la UE no es sino otro modo encubierto de ceder soberanía por parte del Ejecutivo de Sánchez. Ni tan siquiera se podría calificar como fraude de ley ya que nuestro Gobierno no se está apoyando en una norma para incumplir otra, sino que es una sencilla ilegalidad cometida a cara descubierta.
¿Qué país extranjero no va a admitir la existencia de un estado independiente catalán cuando el mismo Estado español la reconoce tácitamente al defender los rasgos definitorios de una nación dentro de su actual territorio?
No falta mucho para que el huido Puigdemont le exija a Pedro Sánchez una representación oficial catalana en organismos internacionales e incluso en las Naciones Unidas.
Sorprende por otro lado la pasividad de la oposición ante esta operación de secesión consentida mientras se desgañitan por estupideces como lo del procesamiento de la mujer del presidente, algo que, por el momento, solo compete a ella y sin olvidar -y esto es predicar en el desierto en este país- que Begoña Gómez, como tantos otros, no es culpable hasta que una sentencia firme lo diga. Si llega ese momento, entonces será el momento de que el resto de la corrupta clase política se rasgue las vestiduras.
Personalmente, me parece mucho más preocupante, que toda esa oligarquía política esté permitiendo al presidente la comisión de un posible delito que es mucho más grave: la concesión bajo cuerda de la independencia a una parte del territorio nacional. Bueno, en realidad a dos, porque el secesionismo vasco, más inteligente y sibilino, camina unos pasos por detrás por la senda que les van abriendo los independentistas catalanes.
Si la oposición no espabila, se deja de chorradas y empieza a hacer su trabajo, cuando España logre librarse de Sánchez será muy difícil revertir esa parte de soberanía fáctica que ya ha vendido ilegalmente al secesionismo a cambio de mantenerse en el poder unos meses más.
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