Censura

Sería ridículo a estas alturas de la película engañarnos con lo que pretende el presidente Pedro Sánchez con el pretenciosamente llamado “Plan de Acción por la Democracia” aprobado hoy por el Consejo de Ministros. Es sencillamente un intento de censurar a los medios de comunicación que no le agraden, aunque de una forma tan zafia que habrá hecho aplaudir a Francisco Franco desde su tumba.

El planteamiento de Sánchez, defendido con vehemencia por sus sus ministros adeptos, especialmente por el supuesto titular de Justicia, Félix Bolaños, es tan ridículo y tan cómico que lo de las apariciones de Nicolás Maduro diciendo chorradas en su televisión casi empiezan a parecer serias.

Este plan de censura de los medios que no hablen bien del "líder" o que señalen a su mujer, que es manifiestamente inconstitucional incluso dentro de su inconcreción, pretende conceder al presidente Sánchez, convertido ya en “líder supremo”, una varita para señalar a los medios de comunicación que contarán con el beneplácito oficial, a los que piensa regar con el dinero de la publicidad institucional, en detrimento de aquellos a los que nuestro aprendiz de tirano considera, o considerará, no aptos para informar.

Se trata de que el Gobierno juzgue y sentencie en un mismo acto administrativo sobre lo que es “verdad oficial” y lo que se separa de ella, condenando por supuesto a los periodistas que hagan pública cualquier otra verdad. Y no es cierto que el plan aprobado hoy vaya en la línea establecida por la UE al respecto; va mucho más allá del torpe intento de la Comisión Europea de mantener su oligopolio de poder a salvo de las críticas. La censura que pretende imponer Sánchez es mucho más burda y nos coloca en línea con países como Irán, Nicaragua, Cuba, Venezuela o con cualquier país subdesarrollado gobernado por el sátrapa de turno.

Todo ello sin entrar en un debate en el qué jamás debió entrometerse ninguna administración pública, ni nacional ni europea, que es el de pretender determinar lo que es verdad y lo que es mentira, cuando ese siempre ha sido uno de los primeros pasos que han dado todos los dictadores a lo largo de la Historia.

No es un Gobierno, ni tan siquiera un parlamento, el que debe decidir qué información puede llegar al ciudadano. No tienen esa competencia, no es legal y, lo que es peor, no tienen capacidad para ello.

Determinar lo que es cierto y lo que es falso es un debate que tiene la Humanidad desde antes de Cristo. Mentir, desinformar, retorcer, disfrazar o sesgar la realidad es algo permitido en todos los ámbitos de la vida, empezando por supuesto por la política. Precisamente, el ejercicio por parte de Pedro Sánchez del poder está plagado de fake news, de verdades a medias y de mentiras absolutas. Desde su compromiso de no apoyarse en Bildu, de su “no” a la amnistía de los golpistas catalanes a tantas otras mentiras que en el PSOE prefieren llamar “cambios de opinión”. Sánchez es, como es sabido por todos, el presidente del Gobierno que más ha mentido a los españoles desde que vivimos en esta pretendida democracia. ¿Sancionarán al presidente por mentir e incumplir su propio plan?

A la vez, y en defensa del presidente, no debemos olvidar que los ciudadanos tenemos derecho a ser desinformados, a que nos mientan, a que nos cuenten milongas imposibles, y corresponde a cada individuo el sagrado derecho a creerse lo que le dé la gana, sin que ningún poder, ni público ni privado, pueda imponerle aquello que debe aceptar como cierto vetándole el acceso a las fuentes de información que discrepan de la “versión oficial”. Se llama libre albedrío.

La verdad es un objetivo inalcanzable por la sencilla razón de que depende de lo que acepta cada individuo como cierto. Hay gente que cree que Bin Laden fue el autor de los atentados del 11-S, que la pandilla de mamarrachos que fueron condenados pusieron de verdad las bombas en nuestros trenes el 11-M, incluso los hay que aún creen que había armas de destrucción masiva en Irak, que Pedro Sánchez no es un presidente sometido al chantaje de Marruecos o que Puigdemont escapó por la torpeza de todas las fuerzas del orden. La verdad es algo tan subjetivo que no se puede obligar a creer por ley. Eso no es verdad, es dogma.

Con la manifiesta deriva dictatorial de Sánchez, no debe extrañarnos que algún Consejo de Ministros apruebe dentro de poco reeditar el No-Do con nuestro nuevo caudillo como protagonista.