El Ministerio de Sanidad prepara otra ley para reducir el consumo de alcohol entre los jóvenes pues parece que los empeños del Gobierno para solucionar los problemas prohibiéndolos está logrando los resultados opuestos a los esperados. Parece que la exministra Irene Montero ha creado escuela con su ley del “solo sí es sí”.
La ministra de Sanidad, Mónica García, presentó hace unos días a consulta pública un anteproyecto de ley que vuelve a caer en los habituales errores del farragoso e ineficaz acerbo normativo del Gobierno Sánchez.
La versión ministerial insiste en el objetivo de no penalizar al menor que bebe, sino a los adultos que pasaban por allí, y para ello pretende prohibir, entre otras cosas, el alcohol para los mayores de 18 años en eventos infantiles, centros educativos y residencias de estudiantes, también tiene intención de restringir la publicidad de las bebidas alcohólicas, incluyendo el mobiliario de las terrazas que suelen regalar las marcas con el logo de su bebida, la instalación de soportes de publicidad a menos de 200 metros de los colegios y otra serie de prohibiciones dirigidas a castigar los efectos del problema sin entrar en sus causas.
Obviamente, obligar a todos los bares a comprar mobiliario nuevo para sus terrazas y así no “incitar” al consumo de alcohol a los menores que vean una silla con el logo de “Mahou”, amén de resultar bastante peregrino, solo logrará obligar al cierre de los negocios más débiles y al encarecimiento de precios para el consumidor.
Desde luego la peculiar solución no afectará al problema, que no es la publicidad de las bebidas sino la educación establecida desde el Gobierno, que ha enseñado al menor a que tiene derecho a hacer lo que le dé la gana; la misma educación que ha desarmado a padres y educadores de todos los medios para corregir las conductas de esos mismos menores. La misma educación oficial que les ha convertido en los déspotas de la casa, ajenos a toda jerarquía en la familia y a los principios que de niño te hacían avergonzarte cuando hacías algo mal.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha buscado comprar los futuros votos de esos menores otorgándoles todos los derechos y liberándolos de casi todas sus obligaciones, como hijos, como alumnos e incluso como ciudadanos. Le ha salido bien, pero eso tiene un precio: como cualquier déspota, lo exigen todo, consideran que tienen derecho a todo y, por supuesto, lo quieren todo. Y lo quieren de inmediato.
Más aún en un entorno en el que el propio sistema les anima a participar en una forma de vida que no es propia de su edad. El menor compra alcohol porque tiene dinero para hacerlo, el que le han dado sus padres para evitar otra discusión ante el cansancio que supone que el día a día de la familia sea una sucesión de batallas. Bebe alcohol porque hay quien se lo vende, porque además hay unas autoridades públicas que le facilitan el lugar físico y el entorno social en el que beberlo, para que “socialicen”, como gusta decir a ministros y a medios de comunicación vendidos a la “versión oficial”. Los mismos, por cierto, que luego hablan con alarma del constante incremento de su consumo y del número de comas etílicos entre menores que cada fin de semana reciben los servicios de Urgencias.
Los menores no beben más porque sí, ni son más violentos porque sí, ni son más crueles con sus padres y con sus compañeros del colegio porque sí. Nada es porque sí. Es el precio de educarlos como a un rebaño para que me voten.
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