La vivienda

La inmensa mayoría de las soluciones ofrecidas al problema de la vivienda en España son ideológicas o dogmáticas y, por tanto, no son soluciones. En líneas generales se aboga por dos opciones, una apuesta por lo público y la otra, como es habitual, por lo contrario, por el sector privado.

Ninguna de las dos funciona. Que el Estado intervenga manu militari limitando precios o prohibiendo esto, aquello y lo de más allá, por mucho que sea el estilo de nuestro Gobierno, solo empeorará las cosas, aparte de ser de muy dudosa constitucionalidad.

Los de la otra opción, la de dejar que el mercado se autorregule permitiendo que la “mano invisible” de Adam Smith haga su trabajo no es alternativa desde hace muchas décadas, cuando ese mercado dejó de ser libre y la competencia pasó a ser un concepto muy limitado por la concentración de capital en cada vez menos manos.

El Gobierno no puede fijar por ley los precios del mercado inmobiliario porque se daría de boca con la Constitución, y aún en el supuesto de que pudiera hacerlo, solo lograría detraer muchas decenas de miles de viviendas de un mercado donde ya la oferta es ridícula.

Tampoco solucionan el problema todas las otras limitaciones y prohibiciones para obligar al propietario a vender o alquilar, y a quién, cómo o cuándo. El temor al impago y la errónea legislación aprobada por este Gobierno para dificultar aún más el proceso de desahucio, hace que muchos propietarios prefieran sus inmuebles vacíos a “okupados”.

En cuanto a lo de construir viviendas sociales suficientes para influir en los precios, que sería la solución menos mala, pueden irse olvidando. Con estos políticos, no sucederá.

Solo el “infame dictador” fue capaz de aprobar unos planes nacionales de vivienda que sembraron 4 millones de viviendas de protección oficial por todo el territorio nacional. Comparadas con las 56.243 construidas desde la llegada del césar Sánchez, más las 59.879 que hay de alquiler social en toda España, resulta paradójico que sea “el dictador” el que democratizó el derecho a la vivienda y quien nos convirtió en un país de propietarios. La selectiva Ley de Memoria Democrática no hace sin embargo ninguna referencia a este detalle.

De hecho la única solución que parece viable es la que resulta imposible con la clase política que tenemos, porque exige partir de un pacto de Estado que garantice la perpetuación más allá de una legislatura de un plan a largo plazo para construir lo suficiente como para ir afectando a los precios. Calculen de un mínimo de 20 años para notar esos efectos.

Además, habría que ir construyendo midiendo mucho cuándo, cuánto y dónde para que las consecuencias en el mercado libre no fueran traumáticas. No podemos perder de vista que la mayor parte de la actual oferta inmobiliaria no pertenece a grandes capitales sino a ciudadanos medios, pequeños ahorradores que son propietarios de varios inmuebles. Hacer caer en picado el precio del ladrillo nos crearía un problema mayor que el actual.

De todos modos, teniendo en cuenta las servidumbres de PSOE y PP con la banca, fondos buitre y otros grandes de la economía con importantes intereses inmobiliarios, no harán nada que pueda perjudicar sus inversiones, como han demostrado los acontecimientos con gobiernos de ambos signos.

En consecuencia, y dado que la única solución viable para el actual problema de la vivienda exige de nuestros gobernantes responsabilidad, sentido de Estado y sentido común, y de los grandes capitales inmobiliarios un poco de solidaridad, resulta evidente que no se solucionará.