En esto de los indultos de los secesionistas catalanes que están en prisión, es obvio que el presidente Pedro Sánchez vuelve a utilizar su sistema de gobernar a tientas, lanzando la idea al patio de butacas para comprobar el griterío que surge entre los espectadores del sainete en que se ha convertido todo el rollo este del “procès”.
El Tribunal Supremo, siguiendo el procedimiento establecido en la ley, presentará al Gobierno a finales de semana su informe sobre el asunto. Muy probablemente, por no decir con total seguridad, mostrando su oposición a la concesión de esos indultos, al igual que ya ha hecho la Fiscalía.
Parece que la Abogacía del Estado, que como bien indica su nombre es del Estado, se va a quedar sola ante el peligro en este asunto, y eso que ni tan siquiera han mostrado su placet, sino que simplemente ha recordado que los malversadores condenados han devuelto el dinero.
Aún así, resultando manifiesto que no existen los motivos que indica la ley para conceder los indultos, puesto que ni hay arrepentimiento por parte de los condenados, ni existen otras razones de equidad, justicia o de utilidad pública que justifiquen las concesiones, todos sabemos que el débil Gobierno de socialistas y podemitas está obligado a pagar el "impuesto revolucionario" que le exigen los secesionistas catalanes.
Ello a pesar de que, seguramente, hasta el mismo Pedro Sánchez es capaz de comprender que una vez que se accede a pagar un chantaje, solo el chantajista decide cuánto hay que pagar cada vez y durante cuánto tiempo.
Y aunque es cierto que el Gobierno tiene la prerrogativa de conceder esos indultos sin atender a los informes de la Fiscalía y del Supremo, es cuestionable si puede hacerlo no respetando los motivos establecidos en el procedimiento legal de concesión, lo que permitiría llevar la decisión del Consejo de Ministros a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
Y más allá de la discusión jurídico-procesal sobre el tema, lo que desde luego carece de lógica, incluso para Pedro Sánchez, es indultar a alguien que no lo ha pedido y que declara abiertamente su intención de volver a delinquir en cuanto salga a la calle.
Aunque desde que este presidente está en La Moncloa hemos vivido episodios que parecían sacados de una película de Torrente, lo de pensar en que el propio Consejo de Ministros indulte a un grupo de delincuentes, que actúan como banda organizada, y que declaran públicamente su intención de seguir delinquiendo, convierte al Gobierno, al menos de facto, en colaborador necesario de esos futuros hechos delictivos.
Y esa posibilidad, a su vez, convierte cualquier película de Torrente en cine de autor.
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