Editorial

Arma de guerra

Imagen de la masiva llegada de inmigración ilegal a Canarias.

Aunque es tan cierto como obvio que, de nuevo, nuestro Gobierno no está sabiendo gestionar la oleada de inmigración ilegal que Marruecos ha lanzado sobre Canarias, también lo es que utilizar a seres humanos como arma de guerra resulta moralmente cuestionable y jurídicamente inaceptable.

Desde luego, nuestros gobernantes, ahondando en su tradicional ineptitud, no han dado pie con bola en este asunto. Ni el vicepresidente Pablo Iglesias, con sus irresponsables manifestaciones sobre la situación del Sahara Occidental, ni los ministros del Interior y la de Exteriores, que salieron corriendo a Marruecos y a Senegal para pedir por favor que no continuaran invadiéndonos.

Eso sin contar que, cuando los ministros empiezan con las eufemismos sobre “unir fuerzas” con este o aquel país, “sumar esfuerzos” o el no menos estúpido “trabajar conjuntamente”, suele significar que los españoles tendremos que soltarle una pasta al emisor de inmigración ilegal para que haga su trabajo o, cuando menos, lo finja.

Y, víctimas de la insuperable torpeza de nuestros sucesivos gobiernos para hacer frente al problema sin pagar peajes a terceros, esos mismos países a los que se les están escapando sus ciudadanos, confunden generosidad con debilidad.

O tal vez no hay confusión y es la Administración española la que disfraza como generosidad lo que, en realidad, es debilidad.

Sin embargo, todo ello no obsta para que, tal vez en el foro de Naciones Unidas, nos sentemos todos y dejemos claras las reglas del juego en el Derecho Internacional. O cambiarlas si no nos gustan las que tenemos ahora.

Lo que no es viable es que solo algunos Estados miembros de la Asamblea General jueguen con cartas marcadas.

Los seres humanos no pueden utilizarse como arma de presión política, que se les permita subirse a un torpedo o a una patera en una trayectoria suicida hacia Canarias, no varía el hecho de que los países emisores convierten a sus propios ciudadanos en arma de guerra.

Por otro lado, quizá la ONU o la misma comunidad internacional deberían plantarse ante todos esos gobiernos que no quieren o no pueden cumplir sus obligaciones básicas para con sus nacionales. Y ahí también el nuestro debería aplicarse el cuento.

El que a un Estado se le escape su población solo indica que, o es incapaz de controlar sus fronteras, o está utilizando de forma genocida a seres humanos y, en ambos casos, deja claro que sus gobernantes son incapaces de hacer su trabajo, por lo que deberían ser sustituidos en un proceso regulado por Naciones Unidas.


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