Al igual que muchos españoles, me inclino a pensar que la famosa baliza V-16 para emergencias con posicionamiento GPS que el Gobierno exigirá llevar en todos los vehículos a partir del jueves es otro sacacuartos, un nuevo chanchullo diseñado para hacer millonarias a algunas personas o empresas y, por supuesto, para que Hacienda se haga con un generoso trozo del pastel.
Al menos el negociete de los triángulos y chalecos de emergencia, al ser obligatorio a nivel europeo, pareció una imposición de Bruselas a la que no pudimos oponernos, lo que no impidió que el Estado también hiciera caja.
Sin embargo lo de la baliza ha sido una jugada bastante más de trilero. Solo será obligatoria en España, no en el resto de la Unión Europea donde continúan con los triángulos y los chalecos, lo que obligará a todos los conductores españoles que viajen a Europa a disponer de todos esos trastos aunque no al revés: los extranjeros que visiten España con sus coches no tendrán que llevar la baliza y bastará con los triángulos y el chaleco o el dispositivo de seguridad establecido en su ley nacional.
Y aún mejor en este nuevo sacacuartos que se ha inventado el Gobierno de Pedro Sánchez para ponerle otra tirita al casco del Titanic en que ha convertido la contabilidad nacional es que la cuestionada baliza no sirve absolutamente para nada. Los expertos en seguridad vial insisten en que el parpadeo de la luz apenas será visible durante el día, aunque sí será más útil durante la noche, siempre que el vehículo detenido no se encuentre en un cambio de rasante o en una curva, situaciones en las que también servirá para muy poco.
Además los técnicos advierten de que España no tiene aún una cobertura GPS fiable en todo el territorio nacional, aunque de serlo daría igual porque, como ha advertido reiteradamente la Dirección General de Tráfico (DGT), la señal de geolocalización, si llega a recibirla alguien, solo indicará un vehículo parado en determinado punto de la carretera, pero ni Tráfico ni la Guardia Civil harán nada para asistir al conductor o comprobar el motivo de la emergencia, ni enviarán a la grúa. El conductor tendrá que arreglárselas como pueda, igual que ahora, y la única diferencia a partir del 1 de enero es que se habrá gastado unos 40 euros en otro trasto inútil.
Para finalizar con el análisis de la más que cuestionable utilidad de la V-16, la batería o pila solo tiene capacidad para mantener la señal durante unos 30 minutos, si está completamente cargada, algo que en realidad resulta bastante irrelevante si de todos modos nadie va a acudir para sacarte de la emergencia.
Quizá fue por la limitada eficacia del aparato por el que los dos exguardia civiles que lo inventaron lo concibieron como un elemento de seguridad complementario a los triángulos y de uso voluntario para los conductores.
La DGT, que parece más una extensión de la Agencia Tributaria que una institución dedicada a la seguridad vial, optó sin embargo por convertir el invento en obligatorio, lo que permitirá a Hacienda ingresar el 21% solo en concepto de iva. Traducido en euros y atendiendo a que en España hay más de 31 millones de vehículos, a unos 35 euros de media cada baliza, supone un total de mil ochenta y cinco millones de euros, de los que el Gobierno se llevará casi 228 millones solo por este impuesto.
Ahora súmenle todos los demás ingresos fiscales desde que el fabricante compra el primer tornillo para montar la baliza hasta que llega a manos de cada conductor, más las cantidades millonarias que percibirá de los beneficios de la empresas a las que, a su vez, se ha proporcionado este negociazo en bandeja.
Con el Gobierno de Pedro Sánchez como maestro, Cerdán, Koldo, Ábalos, Leire y el resto de la cuadrilla quedan en simples aprendices.
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