Los ministros de Sumar insisten en legislar para conseguir votos, lo que les ha convertido en expertos en producir normas tipo “Antoñita la fantástica”, que son esas que estarían muy bien si fueran aplicables y no un cuento de ciencia-ficción.
Sin duda la vicepresidenta y ministra Yolanda Díaz es la más experta hada madrina, al conceder deseos que nadie le ha pedido siempre cargando la factura, por supuesto, al bolsillo de los ciudadanos. Todo con el objetivo de comprar los votos suficientes para continuar en el poder un poco más y a pesar de que los sondeos apuntan a que Sumar se dirige hacia el mismo destino que los dinosaurios, la extinción.
El último en legislar como si estuviera en Disney World ha sido el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, que pretende acabar por Real Decreto con la malas costumbres de los españoles a la hora de comer, suprimiendo los llamados alimentos ultraprocesados en dependencias públicas, sanitarias y en centros educativos. El objetivo de la futura norma es sustituir la comida basura por alimentos frescos, sanos, variados y, aunque Bustinduy no lo menciona, caros. Que una dieta sana y equilibrada desplace a esos alimentos de ínfima calidad, más baratos y sin necesidad de cocinar con los que sobreviven buena parte de los niños españoles y cada vez más adultos.
Como tantas otras normas de Sumar, el objetivo a conseguir es loable, necesario y tan inalcanzable en el mundo real como lo han sido las iniciativas legislativas de Díaz en el Ministerio de Trabajo, empezando por las subidas del Salario Mínimo (SMI), que han provocado el tradicional efecto de tirar de los precios hasta el punto de reducir la capacidad adquisitiva del trabajador, con el resultado de que ganando más somos más pobres.
Algo que no han llegado a comprender los ministros de este partido -en realidad de este Gobierno- es que legislar no es un recurso electoral, no sirve para ganar elecciones porque las consecuencias de las leyes hechas de forma irreflexiva o, sencillamente, mal hechas suelen provocar el resultado contrario al perseguido o, lo que también es muy común, despliegan efectos que crean una realidad paralela tan inesperada como indeseada.
En un país donde los índices de pobreza tanto absoluta como relativa siguen creciendo, al igual que la desigualdad en la distribución de la renta y en el que cada vez resulta más difícil a más familias llegar a final de mes, no está claro si resulta cómico o insultante las reiteradas referencias a esa famosa “dieta mediterránea” que no pueden permitirse la mayoría de los que viven junto a este mar, menos aún tras los éxitos de sus destinos turísticos que han convertido los precios del litoral en inalcanzables para las nóminas de los españoles.
Y el resto del país tampoco se libra de la escalada de precios de esa alimentación sana y equilibrada al convertirse la comida en otro mercado especulativo para los fondos buitres y algunos grandes capitales que controlan el sector de forma oligopolística, al igual que ya lo hacen con la sanidad, el combustible, la electricidad, el agua o con cualquier otro producto o servicio básico al que la población no pueda renunciar.
La ley de Bustinduy, si llega a ser aprobada, provocará nuevas subidas de precios en la alimentación alejando aún más esa “dieta mediterránea” del trabajador medio. También encarecerá inevitablemente la sanidad, la educación y cualquier actividad en la que Bustinduy pretenda que se coma mejor.
En cuanto a los llamados alimentos ultraprocesados, la cosa no pinta mejor. Si los padres inflan a sus hijos de mierdas embolsadas es porque el Estado solo quiere sujetos fiscales, hormiguitas que dediquen todo su esfuerzo, y todo su tiempo, a mantener este sistema clientelar y feudal. Ambos cónyuges están obligados a producir para sobrevivir y esa minoría que podría permitirse que alguno de los dos ejerza como padre, es compelida por el mismo Estado a convertirse en sujeto fiscal apelando a estupideces como el derecho a desarrollar la vida profesional o a una simplona interpretación de la igualdad de género.
Convertidos en hormiguitas contribuyentes, ¿cuántos padres tienen hoy dinero y tiempo para procurar a su familia una alimentación sana y equilibrada?
El ministro Bustinduy, al igual que el resto, no ha entendido que él es parte del problema, no de la solución.
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