No es una buena idea

Bruselas, que siempre ha sido alérgica a la diligencia a la hora de actuar, ha sorprendido por el rápido y radical giro en su forma de afrontar el problema de la inmigración irregular. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha mostrado abiertamente partidaria de montar campos de concentración para encerrar a los extranjeros que entren irregularmente en territorio europeo.

Por supuesto, estos campos se abrirían en terceros países, probablemente las instituciones europeas han notado un tufillo del pasado a lo de volver a abrir campos de concentración en Europa. La verdad es que sonar bien, no suena.

Aún no conocemos el motivo por el que la tan políticamente correcta Unión Europea ha pegado ese volantazo hacia la derecha inclinándose sin tapujos hacia la presidenta italiana, Giorgia Meloni, que ya ha inaugurado el primero de los campos en Albania con el traslado de 16 migrantes llegados irregularmente a Italia.

Sin embargo, el entusiasmo con el que importantes socios europeos han secundado la iniciativa promete ser un error político, un quebradero de cabeza legal y una solución bastante inhumana.

Lo de mandarle los problemas propios a terceros países que aceptan el marrón a cambio de un dinero que necesitan con urgencia nunca ha funcionado. Esos terceros países que recibirán a nuestros migrantes irregulares no están en el “top ten” como modelo democrático respetuoso con los derechos humanos y, desde luego, están prestos a poner la mano para que empecemos a soltar dinero. No es casualidad que Reino Unido eligiese Ruanda para enviar su cargamento humano o que Holanda pretenda hacer lo mismo con Uganda.

Quizá los Estados de la UE partidarios de la medida están pensando que al tratarse de terceros países con jurisdicciones propias y donde, por tanto, no rigen la normas ni las garantías que tenemos aquí, permitirá a esos países de destino, cuando se pase el interés mediático, terminar solucionando el asunto como mejor les venga, desde naturalizarlos en su territorio a expulsarlos sin más.

A este inconveniente se une la dudosa legalidad de esta medida que supone la anulación o suspensión fáctica del derecho de asilo sin necesidad de que ningún Parlamento se retrate aprobando una norma que sería ilegal en función del Derecho Internacional. Además, jurídicamente, se trata de la expulsión ilegal de peticionarios de asilo o residencia cuyos expedientes están en tramitación.

Final e inevitablemente está el problema del dinero. A Italia le cuesta más de 18.000 euros el traslado de cada migrante a Albania, a lo que hay que sumar los gastos de su mantenimiento en el campo de internamiento, más el dinero que el Gobierno albanés recibirá de Italia por los servicios prestados. En resumen, una solución carísima e inviable atendido al ritmo al que llegan a Europa los migrantes irregulares.

Y todo este despliegue para no solucionar el problema, sino únicamente desviarlo durante  tiempo limitado. Obviamente, los países de destino no van a eternizarse en su labor de policías del problema europeo sin estar reclamando constantemente más dinero, por lo que es más que probable que esta huida hacia delante termine convirtiéndose en un problema con esos países-alojamiento. En resumen, no es una buena idea.

El problema de la migración irregular solo se arreglará cuando obliguemos a los países emisores a cumplir con sus ciudadanos para que no se les escapen de su propio territorio.

Y si no son capaces de hacerse cargo de su propio pueblo, que Naciones Unidas les coloque un gobierno de tecnócratas hasta que alguien demuestre capacidad y compromiso para cumplir las mínimas obligaciones que cualquier Estado debe tener hacia sus ciudadanos.

Si la gente se te escapa del país que gobiernas, el problema lo tienes tú, no nosotros. Eso en Europa todavía no nos lo hemos aprendido.