El de la vivienda es uno de esos problemas que todas las instituciones públicas y privadas conocen ampliamente, aunque siguan sin hacer nada para solucionarlo, mientras los más radicales montan manifestaciones para proponer excentricidades que solo servirían para empeorar las cosas.
Sin embargo, el asunto tiene solución; será tras un proceso lento y ocasionalmente doloroso, pero se puede solucionar.
Desde luego para hacer frente a este problema, el Gobierno tiene que superar su interpretación del concepto legislar, que no se traduce única y necesariamente como prohibir. Las soluciones que se barajan hasta ahora de limitar precios, número de alquileres de temporada, subvencionar la especulación con ayudas a jóvenes arrendatarios o sancionar a propietarios que tengan viviendas vacías ya se han mostrado inútiles y en algunos casos contraproducentes.
Tanto el sentido común como los números apuntan a lo que no está dispuesto a hacer ningún Gobierno en España: ponerse a construir viviendas sociales de protección pública indefinida. Adjetivo este último que es esencial para la solución del problema.
Por mucho que duela a la versión tuneada de la Historia que está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez, fue el oprobioso dictador Francisco Franco el que se empeñó en llenar España de viviendas de protección pública, las famosas VPO (Viviendas de Protección Oficial). El 63% de todas las construidas entre 1906 y 1979 tuvieron esa calificación y este parque inmobiliario público siguió creciendo hasta 1990 cuando comenzó el proceso inverso. A día de hoy la mayor parte de estas viviendas han pasado al mercado privado, quedando solo alrededor de un 3% con su calificación original. Más de un representante político ha obtenido pingües beneficios abriendo ese patrimonio público a la especulación.
Es por tanto prioritario que la ley vuelva a cambiar y que se blinde el régimen especial de estas viviendas sin que nadie pueda montarse un negociete a los pocos años de haberse construido.
Evidentemente, reconstruir nuestro parque de VPO costará por lo menos una década y eso construyendo a una velocidad de vértigo. Países como Holanda o Austria, con un impresionante parque de vivienda pública de entre el 30 y el 36% de todo lo construido, han tardado alrededor de un siglo en conformarlos.
Paralelamente y como medidas supletorias a ese objetivo y que, además, ayudarán a ir limitando los precios inmobiliarios, conviene que la vivienda habitual vuelva a desgravar, incluyendo también a la de alquiler. De esta forma, la amplísima bolsa de arrendamientos urbanos fiscalmente opaca que actualmente existe saldría a la luz, lo que obligaría a muchos propietarios a tributar de acuerdo con los beneficios reales.
Pero a la vez que se articulan medidas para “enfriar” el mercado y facilitar al comprador/arrendatario el acceso a una vivienda, hay que disponer un marco normativo que otorgue al propietario la seguridad jurídica de la que hoy carece en el caso de impago o de ocupación del inmueble.
Y por encima de estas y de otras medidas que sin duda servirían para reconducir los precios de la vivienda en España, hace falta que llegue un Gobierno que tenga realmente la intención de solucionar el problema.
Si el innombrable dictador Franco lo hizo sin preguntar a nadie, cabe la posibilidad de que a alguno de los novecientos y pico asesores del Gobierno se le ocurra algo.
Comentarios potenciados por CComment