Como en tantos otros capítulos, socialistas y populares se tiran los trastos a la cabeza por el impresionante aumento de llegadas de inmigrantes irregulares a Canarias y Ceuta, un problema ya casi endémico a la democracia española del que ambos partidos tienen parte de culpa.
Evidentemente, el principal motivo de este repunte en la entrada de ilegales a nuestro país está en el efecto llamada provocado por Pedro Sánchez al anunciar la regularización de medio millón de inmigrantes irregulares y abrir la puerta a su incorporación al mundo laboral para suplir el déficit demográfico nacional.
Una nueva torpeza del presidente del Gobierno que tiene más repercusiones de las que han calculado sus asesores, especialmente en efectos sociales, composición de la población, impacto cultural, integración y en una segura etnificación o tribalización de municipios españoles según la concentración de población extranjera.
Pero repetir lo de la falta de una política migratoria seria en el actual Gobierno y los infantiles planteamientos con los que responde al problema, no sirven para aportar soluciones a una situación de la que es igualmente culpable el PP, tanto sus anteriores gobiernos como los actuales dirigentes, que continúan embarcados en esas actitudes timoratas y acomplejadas ante el temor a que les asimilen a la derecha que deberían ser pero no son.
Porque, por un lado, ambos partidos debieron empezar a plantearse soluciones cuando comenzó el fenómeno de la inmigración irregular en los 80, cosa que solo sucedió bien entrada la década del 2000; en definitiva, entre 20 y 30 años tarde.
Y, por otro lado, también PP y PSOE, e incluso el régimen de Francisco Franco, debieron empezar a preguntarse qué hacer con un crecimiento vegetativo que empezó a caer en 1965 y que sigue cuesta abajo desde entonces.
Sin embargo, ni los gobiernos populares ni los socialistas han practicado nunca una política de promoción de la natalidad, por el contrario, las medidas que se han tomado castigan a las familias y han convertido el tener hijos en otro lujo solo al alcance de las económicamente más privilegiadas.
La voracidad fiscal de ambos partidos siempre ha visto a los recién nacidos como un obstáculo a la incorporación de la mujer al mundo laboral, lo que habría significado perder la capacidad contributiva de esos millones de trabajadoras, una milmillonaria capacidad recaudatoria a la que, con su tradicional visión cortoplacista, ninguno de los dos partidos ha estado dispuesto a renunciar y que es ahora cuando muestra sus primeras consecuencias, que no van a ser las únicas.
De nada han servido las medidas cosméticas “progresistas” del actual Ejecutivo dirigidas a hacer creer a los padres trabajadores que se “blindaba” su derecho a conciliar y que se protegía la carrera profesional de la mujer, cuando lo conseguido ha sido desincentivar su contratación al convertir a padres y a madres en trabajadores caros y poco productivos.
La realidad es que es mentira, todos esos gobiernos han mentido, la vida laboral es incompatible con la maternidad, al menos en los primeros años del recién nacido. No querer aceptarlo nos conduce a aberraciones como las que incentivan nuestros gobernantes para aparcar a los niños a las siete de la mañana desde los cero años, recién nacidos, para que papá y mamá no vean truncadas sus carreras profesionales y el Estado no se vea privado de los ingresos tributarios que representan.
Mientras socialistas y populares sigan viendo al ciudadano principalmente como una fuente de ingresos tributarios, necesitarán crear esa nueva clase laboral de modernos siervos de la gleba formada por migrantes que aceptarán los empleos que no quieren los españoles. Todo un alarde de “progresismo”.
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