No somos los malos de esta película

Tras alcanzar un acuerdo en el tema de la elección de los miembros del órgano de gobierno de los jueces, la inmigración irregular se ha convertido en el nuevo caballo de batalla entre Gobierno y oposición, aunque más allá de utilizar el asunto para arrojárselo a la cabeza, ni unos ni otros se enfrentan a la realidad del problema.

Y para facilitar las cosas, al presidente del Gobierno se le ocurre regularizar a casi medio millón de inmigrantes. Por supuesto, con todos los ministros gritándolo a los cuatro vientos en todas las cadenas de televisión. Lógicamente, el resultado ha sido el que estamos sufriendo ahora mismo: el efecto llamada ha funcionado multiplicando exponencialmente la llegada de cayucos a las costas españolas.

Además, las mafias que controlan el tráfico de seres humanos, que aprenden rápido, se han dado cuenta de que el chollazo es traficar con menores, contra los que nuestras autoridades no pueden hacer prácticamente nada salvo darles la bienvenida y solucionarles la vida en nuestro país. Esa inmunidad por razón de edad incluye una impunidad ante la ley que, aunque moleste a la progresía de moqueta, ha disparado los índices de inseguridad en muchas ciudades españolas, como Barcelona.

Sin embargo, ni el Gobierno ni la oposición parecen dispuestos a enfrentarse al problema, negándose a reconocer que no estamos luchando contra la inmigración ilegal; en realidad, simplemente nos estamos limitando a soportarla de la forma menos mala posible.

Porque este asunto, como bien saben tanto socialistas como populares, hay que resolverlo antes de que se produzca, y hay que atajarlo en los países emisores.

Desde luego, las habituales iniciativas buenistas de nuestro Gobierno, enviando medios, personal y dinero a esos países para impedir que salgan las pateras han resultado, a la vista de los acontecimientos, tan caras como inútiles. Es más que probable que la mayor parte del dinero invertido haya servido para alimentar la corrupción endémica de algunos de sus gobiernos, cuando no haya ido directamente a manos del crimen organizado que controla el tráfico de personas.

Tenemos que liberarnos de las versiones "autoacomplejadas" que venden los partidos que se autodenominan “progresistas”, no somos los malos de esta película.

No es España la que tira a sus ciudadanos al mar, ni la que utiliza a sus niños como arma de guerra, como hizo Marruecos en Ceuta en 2021. Con todos los defectos y carencias que ha tenido y que tiene este país, los españoles nunca hemos emigrado de modo irregular y masivo.

Teniendo claro este principio, es a los países emisores a los que hay que señalar con el dedo, y hacerlo internacionalmente.

Hay que sancionar a aquellos gobiernos que se muestren incapaces de satisfacer las necesidades básicas de su población y articular herramientas de Derecho Internacional Público para que la ONU pueda intervenir en los países incumplidores y, si es necesario, establecer gobiernos temporales formados por personal técnico de Naciones Unidas hasta que se cumplan las funciones básicas a las que está obligado cualquier Estado hacia sus ciudadanos.

Hay que advertir a esos gobernantes y decirles simple y llanamente que si no son capaces de gobernar su país, lo haremos nosotros y se lo devolveremos cuando puedan hacerlo o a quien sea capaz de hacerlo. Y en vez de tirar el dinero pagándoles para que no nos manden migrantes, enseñarles a construir una nación de la que la gente no necesite huir.

Para esa utopía, sin duda, los demás países, sobre todo los miembros del Consejo de Seguridad, tendrían que dejar de ningunear a las Naciones Unidas y concederle las capacidades que le niegan para evitar someterse a su autoridad. Hoy por hoy, la Organización solo puede levantarle la voz a un puñado de países subdesarrollados y a algunos Estados parias mientras nosotros, los países que recibimos el problema, somos simples rehenes de los Estados chantajistas emisores.

Ahora bien, si la corrección política, la solidaridad y el progresismo consiste en tener en nuestro territorio a cientos de miles de personas indocumentadas malviviendo en un limbo jurídico, podemos felicitarnos.