Aunque el amplio sector servicios español, especialmente en las actividades relacionadas con la hostelería y el turismo, sigue viendo sorprendido e indignado cómo las administraciones públicas arrastran los pies a la hora de aprobar y gestionar ayudas eficaces y significativas tras un año de práctica inactividad, puede que, por una vez, no se trate de incompetencia o desinterés por parte de nuestros políticos.
Todos somos conscientes del enorme peso que estas actividades económicas tienen en el Producto Interior Bruto (PIB) nacional y, sobre todo, en el empleo. Por eso extraña que ninguna administración, al margen del signo político de quien la gobierne, esté haciendo nada significativo para tratar de paliar el ya inevitable saldo en destrucción de empleo y de negocios. Esto afectará, sin duda, a la capacidad recaudatoria pública y, por tanto, parecería lógico que los primeros interesados en evitar el desastre fuesen el Estado, las autonomías y los ayuntamientos.
Sobre todo con la llegada de los tan repetidos 140.000 millones de Bruselas dentro del plan de recuperación europeo.
Quizá este es justamente el problema.
La entrega de ese dinero está sujeta a condiciones muy concretas y, por muchas vueltas que les demos, parecen redactadas para evitar que se destine a actividades económicas de escaso valor añadido, como lo son los servicios, incluyendo al turismo. Ello a pesar de ser el plato fuerte de la economía nacional.
La Comisión Europea quiere que los fondos se destinen a proyectos innovadores, de alta cualificación tecnológica y científica, ecológicos, sostenibles, capaces de crear empleo de calidad y otra serie de circunstancias que identifican unas economías que muy poco tienen que ver con la española.
Además, Bruselas exige también que el Gobierno solucione primero nuestro quebrado sistema de pensiones y que acabe con una legislación laboral que parece destinada a generar empleo precario y mal pagado, además de paro de larga duración.
Es muy probable que las ridículas ayudas destinadas hasta el momento a los servicios, y especialmente a toda actividad relacionada con el turismo, sean las únicas que van a llegar a esos empresarios. La mayor parte de ellas son municipales y autonómicas, los dos escalones administrativos más rehenizados por el voto de ese amplio electorado, especialmente en los destinos turísticos.
El Estado, sin embargo, guarda silencio porque no dispone de dinero propio para hacer nada significativo por un sector tan amplio como frágil de la economía nacional, y es poco probable que Pedro Sánchez consiga hacerle la pirula a Bruselas con ese Real Decreto Ley de las cuentas del Gran Capitán que pretende presentar a la Comisión Europea.
Sobre este aspecto, el del descontrol y falta de transparencia en la gestión del dinero europeo, ya advirtió recientemente el conocido informe del Consejo de Estado.
En resumen, como país católico mayoritario, la opción que nos queda es la de rezar a la Virgen de Lourdes para que en la Comisión sufran un trastorno mental transitorio y aprueben el plan del Gobierno, de otro modo, el sector servicios y, por supuesto, el turismo, seguirán siendo los hermanos pobres a la mesa de los fondos europeos. Y la destrucción de negocios y de empleo alcanzará niveles inimaginables.
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