Las ayudas directas a pymes y autónomos por un montante total de 2 millones de euros anunciadas ayer por la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, no se separan de la tradición política española en todas las administraciones de convertir la acción de gobierno en acto de campaña electoral.
Lo cierto es que, desde siempre, los políticos españoles con mando en plaza han sido renuentes a entregar ayudas directas a los ciudadanos, independientemente de la calamidad que esté atenazando sus economías o, incluso, sus vidas. De hecho, basta fijarse en que es el Gobierno central, con todos su progres y golpes en el pecho por "el pueblo", el que más alergia padece a eso de entregar una cantidad de dinero cierta a quien lo necesita, en el momento en que lo necesita.
Impensable que un Pedro Sánchez hiciera lo que ha hecho Joe Biden nada más llegar a la Casa Blanca: enviar cheques de ente 600 y 2.000 $ directamente por correo al domicilio de cada contribuyente dependiendo de sus circunstancias económicas. O lo de Alemania, pagar el 70% de los ingresos que cada negocio tuvo en el ejercicio anterior a la pandemia.
No queda claro, no obstante, si esta aversión a las soluciones directas se debe a que en nuestras administraciones aún quedan formas de bananero liderazgo ejercido por un "amado líder", al que gusta que, de tener que regalar dinero que no es suyo, se lo agradezcan personalmente los mismos ciudadanos que facilitan, con el pago de sus impuestos, el mismo dinero que reciben. Una vieja herencia en definitiva de aquellos césares que mandaban lanzar hogazas de pan al público concentrado en el circo antes de que salieran los leones a comerse a los cristianos.
Sin embargo, lo más probable es que esas formas obedezcan más a la confusión que se produce en este país entre el gobernante y el partido al que pertenece, que parecen caminar juntos y sentarse en el mismo sillón tanto en el Gobierno central como en los autonómicos y, sobre todo, en los locales. España es un país de ayuntamientos que conservan parte del espíritu de las taifas.
En todo caso, convocar ayudas directas por cantidades en absoluto significativas, como todas las que están pregonando a bombo y platillo desde todas las administraciones, para luego impedir su ejecución a base de someter la entrega a condiciones imposibles, y que terminen convertidas en burdos actos de promoción política y/o personal, suele ser práctica habitual entre quienes las convocan.
Nada más que el requisito de exigir a un pequeño comercio local o a un autónomo que puede necesitar esos dos o tres mil euros para algo tan esencial como pagar alquileres pendientes o nóminas debidas, que esté al tanto en todos su pagos con todas las administraciones públicas después de un año prácticamente sin ingresos, o es de una crueldad innecesaria o de una ineptitud manifiesta.
Eso sin atender al hecho de que la cuantía de las ayudas, por miserables, no llegan siquiera a ser anecdóticas. Quizá no es el momento idóneo para rediseñar jardines, ni para seguir gastando una fortuna en flores que se mueren cada dos por tres y destinar todo el presupuesto posible a salvar lo que se pueda salvar.
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