Hace unos días Facebook anunció que eliminaría cualquier noticia “falsa” sobre el coronavirus que los usuarios incluyeran en esta red social y en Instagram, que también es de su propiedad. Esto sucede poco tiempo después de que Twitter anulara la cuenta de Donald Trump por el riesgo de que siguiera incitando a la violencia después del asalto al Capitolio.
Nadie en absoluto ha puesto objeción alguna al respecto, comenzando por todos esos gobiernos occidentales que, con una deriva cada vez más despótica, no dejan de autocalificarse como “democráticos”.
Ni se conoce que ningún juez, ni dentro ni fuera de Estados Unidos, en el caso de Twitter, haya puesto reparo alguno a tamaña barbaridad por parte de las todopoderosas empresas propietarias de las redes sociales.
Que una empresa como Facebook, que ha convertido la información personal sobre sus clientes en mercancía, se arrogue la capacidad divina de decidir lo que es o no falso sobre el coronavirus o sobre cualquier otro tema, es de una legalidad más que dudosa pues, para determinar qué están publicando sus usuarios, tiene que estar entrando en la información privada que los mismos publican para sus respectivos grupos.
Y, como esta arrogancia no es suficiente, tras la labor policial y judicial, se adjudica también la capacidad de dictar sentencia sin escuchar siquiera a los interesados, y elimina, censura en definitiva, lo publicado por sus clientes.
Bueno, si esto no es violar un puñado de derechos constitucionales que van sobre la libertad de opinión, expresión, de transmitir información y alguno más que nos dejamos en el cajón, que venga Dios y lo vea.
Es como comprar un kilo de arroz en el supermercado y que venga el fabricante a tu casa a llevarse el paquete cuando descubre que no haces la paella según la receta tradicional. Lo que para Facebook sería una requisa bajo la acusación de "fake paella".
Con esto de la pandemia, la mayoría de los supuestos gobiernos democráticos y las pocas y cada vez más poderosas corporaciones, se están acomodando a las prácticas absolutistas. Hasta un simple ayuntamiento se permiten ya recortar derechos de los ciudadanos amparado en el estado de alarma sanitaria y haciendo interpretaciones de las normas que van publicando Estado y autonomías con tanta prisa, imprecisiones y falta de sentido común que hace falta tener una aplicación en el móvil para que te informe de qué prohibiciones tocan hoy.
Si seguimos permitiendo esta espiral fascista en la que una poderosa minoría con determinados intereses económicos y/o políticos, nos dice lo qué debemos pensar y lo que podemos decir, terminaremos como esas películas de ciencia-ficción en las que la libertad es perseguida como un delito de sedición frente a una mayoría que ha visto la luz de "la verdad".
Todos tenemos derecho a creer o a dudar de la pandemia, del origen del COVID, de la eficacia de las vacunas y a odiar o admirar a Donald Trump. Tenemos derecho a equivocarnos o a acertar como la mayoría o contra la mayoría y, sobre todo, tenemos derecho a cambiar de opinión cuando los argumentos nos convencen.
Como demuestran nuestros políticos y esas mismas grandes corporaciones casi cada día, la verdad de hoy puede ser mentira mañana, como lo fueron las armas de destrucción masiva de Irak que nos permitieron invadir un país que no nos había hecho nada y matar a más de 150.000 de sus habitantes. Entonces una "fake new" sí que sirvió de coartada.
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