Estaba claro que el Ibex-35 no le iba a perdonar a los españoles esos tres meses de confinamiento total, el descenso del consumo desde entonces y, sobre todo, los “favores” que nos hizo nuestro Gobierno progre al aplazar pagos e impedir la suspensión del suministro de servicios básicos. Ahora, ha llegado el momento de la venganza.
Las eléctricas y las petroleras han sido las primeras en empezar a cobrar el impuesto revolucionario con subidas que, en el caso de las primeras, están machacando a las economías más débiles en el peor episodio de frío que ha vivido el país en décadas.
La caída del consumo de combustibles fósiles, con la consiguiente bajadas de precios, está siendo recuperada por esas petroleras que, al igual que las eléctricas, especulan con elos precios para cobrarse lo que no consumimos cuando debimos, más los "intereses de demora" que las del Ibex establecen cuando, dónde y cómo les da la gana. La banca es la gran experta en lo de exprimir a sus clientes sacándose comisiones de la manga cuando le apetece; las demás cotizadas también quieren sus propias jornadas de realización de beneficios a base de fabricar miseria.
Nuestros dos presidentes, Sánchez e Iglesias, los mismos que se pasan el día palmeándose la espalda por su progresía, han agachado la cabeza con servil obediencia ante el imperio de las energéticas que cotizan en bolsa.
Aquel discurso de que nadie se iba a quedar sin suministro y de que todo el que lo necesitara podía aplazar el pago de las facturas, ha enmudecido ante unas empresas eléctricas que ahora se están cobrando lo que no cobraron porque no lo consumimos, más esos intereses que se autoconceden a modo indemnizatorio contra aquellos que viven más en precario y que en este puta España siempre han sido culpables de ser pobres.
La dependencia del Ejecutivo central, de este y de los anteriores, de estas empresas del Ibex, con la aceptación de ese mecanismo de “puertas giratorias”, que no es más que un dispensador automático de corrupción que permite recolocar a ex altos cargos políticos en los consejos de administración de las cotizadas con sueldos millonarios y privilegios excepcionales, facilita a estos oligopolios que se reparten los servicios básicos imponer su ley sin que nadie en ningún Gobierno sea capaz de rechistar.
El principal problema de nuestra democracia es la corrupción, e irá a más mientras la soberanía siga en manos de un pequeño grupo de grandes empresas y los gobiernos sean simples títeres.
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