La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, amenaza con reincidir en el error de aumentar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a tontas y a locas empobreciendo de nuevo a los empleados más vulnerables.
Compelida probablemente por la angustia que provoca la certeza casi absoluta de que el resultado electoral castigará sin indulgencia las sucesivas torpezas cometidas por los ministros de Sumar en estos años, Díaz vuelve a adaptar la fórmula de Pedro Sánchez que podría enunciarse algo así como, "si no puedes ganar las elecciones, cómpralas". Al fin y al cabo, si el presidente en funciones ha prometido préstamos de 50.000 euros sin intereses a los jóvenes que pretendan adquirir una vivienda, no suena tan extraño que Yolanda intente pagarle las elecciones a su partido con el dinero del empresario, que es el que se hará cargo de la factura de los 24.162 euros brutos anuales por cada trabajador a jornada completa que supondría esa subida del SMI en un 7%.
El problema es que esta democracia bursátil, en la que los sufragios se convierten en acciones que compran y venden unos candidatos convertidos ya en brokers, no funciona. Al menos no para el trabajador medio.
Porque Yolanda Díaz tiene razón, la inmensa mayoría de los sueldos de este país no son bajos, son miserables, muchos de semiesclavitud si atendemos a las condiciones firmadas en el contrato y a la realidad de los excesos ante los que ha de transigir el trabajador para conservar el empleo.
Sin embargo la ministra, a pesar de las experiencias anteriores, vuelve a equivocarse en la solución. Más aún, al igual que en las otras subidas del SMI, Díaz conseguirá justamente el efecto contrario al deseado: empobrecerá a los trabajadores, principalmente a los que cuentan con peores sueldos, al provocar nuevas subidas de precios que incidirán en una inflación ya disparada gracias a las estupideces de Putin en Ucrania y de Donald Trump en el estrecho de Ormuz, lo que inevitablemente nos conduce a una nueva pérdida de poder adquisitivo para las economías más débiles.
Todo esto sin entrar en ese "efecto contagio" del que hablan los economistas y que implica que, al subir los costes laborales para el empresario, éste los trasladará al precio final que paga el consumidor por ese producto o servicio.
En realidad el único que sí saca tajada de las sucesivas subidas del SMI es el Estado, que en está ocasión ingresará más de 2.000 millones por el incremento de las cotizaciones que pagará por cada nómina.
A estas alturas, y después de que la mayoría de los españoles seamos cada vez menos ricos gracias a los numerosos errores de libro de texto cometidos por nuestros representantes, lo lógico es buscar una solución alternativa que no continúe fabricando pobres y destruyendo empleos.
Si ya sabemos que las subidas de salarios al tun-tun solo sirven para intensificar la escalada inflacionista, el Gobierno debería buscar fórmulas para incidir, que no intervenir, en los precios.
Porque con la cantinela de que todo sube por culpa de las guerras, las danas, los tsunamis y de aquello y de lo otro, lo cierto es que los que se están enriqueciendo de manera inmoral no son solo Trump y Putin, sino nuestras empresas petroleras y energéticas, el oligopolio de corporaciones que controla la alimentación a nivel mundial, los bancos por supuesto, los famosos fondos de inversión formados por los anteriormente mencionados y, en definitiva, los mismos de siempre.
Cualquier trabajador que haya padecido las espasmódicas subidas del SMI seguramente tendría hoy una sola petición para la ministra: "No me subas el sueldo, contrólame los precios".
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