Si el hombre es el único ser vivo que tropieza dos veces en la misma piedra, el Gobierno presidido por Pedro Sánchez es el único que lo hace cincuenta veces y ello, y es lo más grave, a pesar de ser consciente de que lleva una trayectoria de colisión contra el pedrusco.
Porque el real decreto de vivienda (Parte 1ª) aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros es, como estaba previsto y advertido, otra chapuza legislativa que no pasará el examen de constitucionalidad a pesar de que Conde-Pumpido sea el presidente ad hoc para el Tribunal ad hoc.
Han sido decenas de expertos en legislación urbanística los que han advertido en estos días a los variopintos miembros del Ejecutivo que ninguna ley solucionará de un plumazo lo que lleva haciéndose mal desde hace más de 20 años. Porque es cierto que con este presidente la vivienda ha pasado de problema a tragedia nacional, pero tampoco podemos olvidar que fueron anteriores gobiernos, tanto del PP como del PSOE, los que crearon el problema, y no solo no hicieron nada para solucionarlo sino que, además, legislaron para agravarlo proporcionando una estructura legislativa que facilitó la pobreza de las economías más débiles en beneficio del reducido número de las más privilegiadas y la concentración del patrimonio inmobiliario.
El Gobierno de Pedro Sánchez solo ha jodido más lo que ya estaba jodido, por lo que su pecado más grave no ha sido este, sino el de llevar casi ocho años pontificando sobre el progresismo y lo de mejorar la vida de la gente cuando ha sido la mejor máquina de fabricar pobres que ha albergado nunca el Congreso de los Diputados, y después de varias décadas de ineptos y de corruptos, eso es para nota.
Lamentable el espectáculo ofrecido tras el Consejo de Ministros, con "dos gobiernos" ofreciendo ruedas de prensa por separado sobre lo mismo; por un lado los ministros socialistas, por otro los de Sumar, con una Yolanda Díaz que ha animado a sus menguadas filas a movilizarse contra el Ejecutivo del que ella es vicepresidenta.
Y desde luego no fue más edificante ver a la balbuceante ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, informando sobre un real decreto que ni tan siquiera había llegado a leerse, como reconoció en repetidas ocasiones ante los sorprendidos periodistas. En realidad, tampoco es demasiado criticable porque el texto no salió de la imprenta del BOE hasta la pasada madrugada, por lo que los ministros aprobaron el proyecto de real decreto sin tener ni puñetera idea de lo que decía.
Ahora, que parece que ya ha habido algunos sesudos legisladores capaces de leerse las 96 páginas del farragoso texto, empiezan a surgir las objeciones, porque si los errores a la hora de legislar son ya comunes cuando las cosas se hacen con calma, imaginen lo que puede haber pasado con una ley concebida y redactada deprisa y corriendo, e intentando satisfacer los múltiples peajes que está pagando Pedro Sánchez. Lo inevitable: probablemente la mayor chapuza parida por un Gobierno de España desde que se aprobó la Constitución.
Es más que probable que los abogados de todo tipo de propietarios de inmuebles residenciales estén ahora mismo afilando sus bolígrafos, prestos al abordaje de ese bergantín tripulado por políticos oportunistas e infantiles revolucionarios de salón que abogan por instaurar su personal y primitivo concepto de justicia social a base de cometer delitos.
Ese primer real decreto aprobado por el Gobierno solo logrará agravar el problema que ya tenemos, hará que muchos propietarios retiren sus inmuebles del mercado, incrementará la inseguridad jurídica al "desacralizar" el principio de la propiedad privada, provocará la retirada de muchos inversores y, en resumen, encarecerá y dificultará aún más el acceso a la vivienda.
Si lo que se pretendía era agravar el problema que ya teníamos, hay que decir que Sánchez ha vuelto a graduarse con honores.
Temo que el real decreto de vivienda, parte II, que se votará mañana en el Congreso convierta el problema en drama.
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