Sin haber comenzado aún la campaña electoral, queda claro que el presidente Pedro Sánchez va a jugar limpio, sucio y como haga falta para no perder unas elecciones que solo puede ganar convirtiendo el fraude en el eje de su estrategia electoral.
En el mismo momento de anunciar el adelanto de la convocatoria electoral desde La Moncloa, Sánchez empezó a hacer trampas al convertir su intervención como presidente en un primer acto de campaña, posible delito electoral que repitió el martes al comparecer tras el Consejo de Ministros y protagonizar el segundo mitin, de nuevo pagado con fondos públicos, lo que también recuerda peligrosamente a la figura de la malversación recogida a partir del artículo 432 del Código Penal.
Continuó ese mismo día con la concatenación de presuntos delitos sumando ahora el de fraude de ley al instrumentalizar a la Diputación Permanente para su propio beneficio electoral, alterando la naturaleza de una institución constitucionalmente diseñada para mantener el funcionamiento básico del Estado mientras el Gobierno está en funciones. Seguramente aprovechar que los números le favorecen en esta instancia para lograr aprobar alguno de los decretos de vivienda que fueron rechazados por el pleno del Congreso, evitando así aplicar el criterio de la mayoría de los diputados, no ande demasiado lejos de poder encajar en alguna figura criminalmente punible.
Si bien ese iter criminis comenzó antes, con todas las normas dirigidas a alterar artificialmente el censo, fabricando votantes que den un vuelco a la realidad electoral del país. Un pucherazo al más puro estilo bananero al que pretende barnizar de legalidad a golpe de decreto ley, una forma legislativa que también utiliza en presunto fraude de ley al no respetar su naturaleza constitucional como instrumento legislativo que, por carecer de control parlamentario a priori, el Gobierno ha de utilizar solo en situaciones de urgente y extrema necesidad.
Además, viendo que el Gobierno se siente cómodo en ese terreno, también anima a participar en una huelga general cuya legalidad es más que cuestionable al no estar motivada por razones laborales sino políticas y electorales. Lo más ridículo de todo es que esta convocatoria nace de la movida generada por el problema de la vivienda pero, y esto es cómico, no va dirigida contra el Gobierno que gobierna sino contra la oposición que no gobierna.
Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, tras haber recibido un buen puñado de millones de este Gobierno y en cumplimiento del servicio cobrado, se han sumado obedientemente a esta huelga general después de haber estado hibernando durante los casi ocho años del régimen de Sánchez.
Ante la evidencia de que para este presidente el objetivo es ganar a cualquier precio y de cualquier forma, e intentar lograrlo sin terminar en la cárcel, era inevitable que surgiera la desconfianza hacia el voto por correo, que es gestionado por una empresa pública dirigida por la persona elegida por el Gobierno.
Y habiendo trascendido que lo que llaman las "cloacas" del PSOE hasta habían puesto en marcha un plan para "eliminar" a la juez que procesó al hermano de Pedro Sánchez, no sería extraño que dentro de nada nos veamos en una campaña electoral a la mexicana, con candidatos ofreciendo el mitin provistos de chaleco antibalas.
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