Estaba claro que el problema de la vivienda es uno de los ejes sobre los que va a pivotar la campaña electoral, por lo que es de manual que las soluciones ofrecidas por los candidatos iban a estar, como de hecho están, condicionadas por la ideología. El problema es que las ideologías no saben construir casas, aunque sí que pueden destruirlas.
En realidad, como en tantos otros asuntos, no solo no existe una solución mágica sino que, además, nos encontramos con partidos que ni tan siquiera son conscientes de que las soluciones que están ofertando al electorado agravarían el problema existente o son bobadas infantiles inaplicables.
A decir verdad solo el candidato del PP, Alberto Núñez-Feijoó, se ha decantado por la única forma de acabar con la falta de vivienda sin provocar un problema mayor. Aunque existan políticos a los que les cueste creerlo, si faltan casas, la única solución es construir más.
Feijoó se ha comprometido a construir un millón si llega a la Presidencia del Gobierno y aunque resulta obvio que es la solución más coherente, no es fácil de lograr; de hecho es muy probable que, si llega a La Moncloa, no pueda cumplir su promesa por impedimentos materiales, físicos y económicos ajenos a su voluntad. La realidad suele estar enfrentada a las buenas intenciones.
Teniendo en cuenta que actualmente se construyen en España entre 100.000 y 115.000 viviendas anualmente, el Gobierno tendría que alcanzar las 250.000 para cumplir con ese millón en los cuatro años de legislatura. Eso sin olvidar los problemas que ese objetivo encontraría al enfrentarse al calvario que ya sufren los promotores a la hora de lidiar con la tediosa burocracia de las administraciones en materia urbanística, a los obstáculos puestos por ayuntamientos o comunidades de signo político contrario al del Gobierno de turno, a la endémica corrupción de la clase política española, a la falta de recursos humanos en el sector y al potente grupo de terratenientes, personas físicas y jurídicas, al que no interesa que el problema se solucione. En nuestro país hay una poderosa oligarquía formada por gente y grandes corporaciones que se está enriqueciendo desmesuradamente gracias a la falta vivienda y no va a permitir que deje de faltar sin pelear.
Austria es el país europeo que tiene el mayor número de viviendas públicas con entre 950.000 y 975.000, y no podemos olvidar que ha tardado más de un siglo en crear el parque público que tiene hoy. El líder popular tiene razón, pero su plan tiene poco tiempo, pocos recursos y demasiados enemigos para llegar a convertirse en realidad. Sin embargo, aunque solo logre construir la cuarta parte, habrá conseguido un éxito extraordinario si tenemos en cuenta que en España se han construido 1,5 millones de viviendas protegidas desde 1991 y algo menos de 79.000 en los ocho años con Pedro Sánchez en la Presidencia.
Aparte de la solución de construir, los partidos en la izquierda que se califican con el genérico de "progresistas" aportan soluciones tan variopintas como ridículas para influir en el mercado de la vivienda; desde la expropiación por las buenas a los "fondos buitre", a pesar de que el stock inmobiliario que acumulan es insignificante en relación al total de viviendas vacías, a castigar fiscalmente a los medianos y grandes propietarios de inmuebles, pasando por la fórmula que ya se ha puesto en marcha de intervenir el mercado obligando a poner la viviendas en alquiler o limitando los precios e incluso consintiendo, cuando no protegiendo, la "okupación".
Todas estas medidas solo han logrado crear una sensación de inseguridad jurídica que ha llevado a muchos propietarios a retirar sus casas del mercado, reduciendo la ya escasa oferta y disparando aún más los precios, como ha sucedido en Barcelona.
La única solución viable es la de poner más viviendas en el mercado reequilibrando oferta y demanda, activando también el parque ocioso de inmuebles ya construidos. Pero solo funcionará si ese proceso se hace a medio o largo plazo, quizá entre 15 y 25 años, influyendo muy poco a poco en el sector para provocar resultados lo menos traumáticos posibles, y aún así se producirán. De otro modo no será difícil que creemos un problema mayor que el que intentamos resolver.
Un proyecto a largo plazo como ese requeriría un pacto de Estado entre los grandes partidos políticos, una hoja de ruta que cualquier futuro gobernante se comprometa a respetar independientemente del plazo de ejecución y de quien termine inaugurando los pisos. Lo que significa que en la España de hoy es irrealizable.
Los terratenientes y los especuladores pueden estar tranquilos, el problema de la vivienda no se resolverá.
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