Los españoles llevamos ya varios meses padeciendo el maltrato que los partidos políticos le están dando al Poder Judicial mientras socavan la ya renqueante credibilidad del mismo. No obstante hay algo que es objetivamente cierto, tenemos unos jueces marcados ideológicamente que toman las decisiones obedeciendo los dogmas ideológicos de políticos mediocres y corruptos.
Si las decisiones del Tribunal Constitucional o del Consejo General del Poder Judicial se conocen incluso antes de que voten los magistrados ya que lo hacen según sean “conservadores” o “progresistas”, resulta obvio que la objetividad, la imparcialidad y esa igualdad ante la ley de la que habla la Constitución, son solo mantras norcoreanos que nadie se atreve a cuestionar a pesar de que todos seamos conscientes de su falsedad.
El problema, que va más allá de la cutre polémica actual, es que debemos reflexionar sobre el mismo sistema de elección de esos juzgadores.
Los populares están en el discurso de que los jueces elijan a los jueces. Discurso falso por otra parte pues han gobernado con mayorías suficientes para cambiar el sistema de elección, lo que no hicieron en su momento por miedo a que la corrupción estructural del PP fuera juzgada con imparcialidad.
El PSOE no se libra por lo mismo y actualmente el Gobierno está cambiando las leyes para evitar que la Justicia se aplique a secesionistas y malversadores.
Sin embargo, la opción “B” no es más tranquilizadora: Unos jueces elegidos por los jueces que podrían terminar gobernando el país sin haberse presentado a unas elecciones.
Por alguna estúpida razón, ante las cámaras de la tele, los políticos aseguran respetar la independencia e infalibilidad de los juzgadores. No es cierto, no son infalibles. También se admite como dogma el sentido de justicia de la Fiscalía y la integridad y honradez de las Fuerzas de Seguridad que investigan los delitos.
Premisas falsas todas ellas que nos conducen a un inevitable sofisma.
Como en todo en la vida, hay jueces, fiscales y policías que son honestos y decentes, pero no todos lo son y les atribuimos, ab initio, unas virtudes que no sabemos si tienen.
Lo que deberíamos preguntarnos es si un gobierno de jueces nombrados por jueces, todos ellos sin haber sido elegidos por los ciudadanos, es más o menos legítimo que el gobierno de unos políticos que, aunque ineptos y corruptos, sí cuentan con el aval de los votos.
Quien tenga la respuesta a esa pregunta que dé el primer paso.
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