Los débiles

La polémica sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional tiene un sesgo ideológico tanto por el PP como por el PSOE que oculta la importancia de la reflexión necesaria que hay que realizar sobre el papel que el propio Poder Judicial ha de desempeñar.

Es cierto que socialistas y populares han degradado interesadamente la cuestionable credibilidad que ya tenían los jueces ante los españoles. También resulta obvio que tanto unos como otros solo persiguen seguir saltándose el mandato constitucional sobre la separación de poderes para lograr que el Poder Judicial continúe al servicio de uno u otro.

Lamentablemente, no es ninguna novedad que los votos del Constitucional estuvieran cantados la pasada semana, cuando decidió sobre la medida cautelar que impidió al Gobierno culminar ante el Senado el truco de trileros que había planteado para cambiar las normas de la renovación de magistrados, introduciendo enmiendas que nada tenían que ver con el proyecto de ley que se votaba.

Siguiendo el dictado de ambos grandes partidos, los miembros del tribunal de los dos signos ideológicos votaron según las directrices políticas de esos mismos partidos. Hasta para las asociaciones profesionales de jueces tenemos una de signo conservador y otra progresista. Incluso los nombres de magistrados y vocales van siempre precedidos de la etiqueta ideológica.

En esas circunstancias, con una normalidad asumida por la ciudadanía de la falta de objetividad de la Justicia, lo único que están consiguiendo PSOE y PP es que los españoles desconfiemos aún más de la fiabilidad de nuestros juzgadores, desvirtuando y degradando la ya escasa credibilidad de nuestro presunto “Estado de Derecho”. Más aún cuando la Fiscalía como institución dejó de existir hace ya tiempo, cuando Pedro Sánchez se empeñó en poner al frente a miembros de su propio partido para que calificasen en su beneficio.

Teniendo en cuenta que nuestra estructura de partidos políticos está corrupta hasta la médula, la única opción que queda al ciudadano es intentar vivir al margen de las principales instituciones del Estado, pues resulta obvio que solo los débiles son tratados con una crueldad “ejemplarizante” por parte de juzgadores que se saben incapaces de ser fuertes ante los fuertes. Lo débiles, por estar inermes ante la Justicia, no somos peligrosos.

Solo si PP y PSOE asumieran que España no es su cortijo y que no pueden ni deben corromper las instituciones esenciales del Estado, podríamos lograr esa cierta garantía de seguridad jurídica de la que hoy carecemos, y solo así podríamos empezar a vivir en esa democracia de la que tanto hablan y en la que los ciudadanos de este país dejamos de vivir en la década de los noventa.

Todos sabemos que ninguno de los dos partidos renunciará a sus formas corruptas por una sencilla razón, consideran a este país su negocio y a los ciudadanos los clientes del mismo. Esto es, al menos, lo que vemos los débiles desde la barrera.