Reformar el delito de sedición, el de malversación, la elección a la carta de los magistrados del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial con el fin de construir un marco de impunidad para el Gobierno y garantizar su permanencia en el poder huele a golpismo presidencial al estilo peruano.
En realidad, aunque el PSOE y Podemos hablen de “reforma” del Código Penal, lo que están preparando es la supresión de ambos delitos y su “reconstrucción” a medida para favorecer a sus socios de gobierno.
Reconvertir la sedición en una especie de delito de alteración del orden público implica legalizar, cuando no animar, la próxima asonada de los secesionistas catalanes, dando alas también a sus colegas vascos para seguir el mismo camino, debilitando la ya maltrecha cohesión nacional. Hacer lo mismo con la malversación, facilitando aún más la corrupción de una clase política que ya es estructuralmente corrupta, y colocar en las principales instancias judiciales a magistrados ideológicamente condicionados facilitando la impunidad de los que ya suelen quedar impunes, todo ello para que el Gobierno se mantenga en el poder, plantea un problema interesante.
Por primera vez nuestro sistema constitucional y político está siendo atacado por aquellos elegidos para defenderlo. Más aún, formaciones políticas que pretenden acabar con la España salida de las urnas y que violan manifiestamente la Constitución, tienen capacidad para forzar al Gobierno a tomar decisiones contrarias al interés nacional.
Y no hemos previsto ningún mecanismo de defensa para protegernos de los que deben protegernos. Salvo el artículo 8.1 de la Constitución que literalmente dice “ las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”.
Pedro Sánchez se está aproximando peligrosamente al resorte que puede obligar a las Fuerzas Armadas a asumir ese mandato legal, por lo que parece más inteligente que antes de entregar España a los que pretenden destruirla reforme la Carta Magna para evitar lo que no sería un alzamiento militar sino el cumplimiento de un deber constitucional.
Comentarios potenciados por CComment