No es una buena idea utilizar el proyecto de Presupuestos Generales 2023 y las políticas económica y fiscal para intentar ganar elecciones comprando votos a cambio de ayudas, subvenciones, rebajas de impuestos imposibles y aún menos subiendo pensiones en unas cantidades que no podemos pagar.
Resulta de una preocupante irresponsabilidad por parte de los dos grandes partidos nacionales, PSOE y PP, que se hayan lanzado a una alocada carrera para ver quién da más por cada voto pagando, como es habitual, con pólvora del rey, con dinero del contribuyente.
Y la última estupidez oficial, la subida de las pensiones un ocho y pico por ciento, solo va a contribuir, como coinciden todos los expertos que predican en ese desierto que es la política española, a impedir el enfriamiento de la economía, manteniendo o aumentando el disparado índice de inflación.
Aumentar las cotizaciones para conseguir el voto de los casi diez millones de jubilados, obliga a las empresas a un sobreesfuerzo a la hora de pagar la parte que les corresponde por cada trabajador, lo que también las obligará a trasladar eses incremento del coste laboral al producto o servicio que ofrecen, alimentando así la dinámica de subida de precios y, por tanto, la inflación.
Esa muestra de ineptitud y/o de irresponsabilidad del Gobierno de socialistas y podemitas no hace sombra sin embargo a la guerra de bajada de impuestos iniciada por varias autonomías gobernadas por el PP, Andalucía entre ellas, con el infantil planteamiento de que rebajar la presión fiscal a los más ricos hace esos territorios más atractivos al capital y a la inversión, y que ello conducirá a ese "efecto derrame" que se ha demostrado, hace ya muchos años, tan falso como lo de resultar un incentivo a la inversión y a la creación de empleo.
La realidad económica demuestra que bajar impuestos a los ricos solo sirve para hacerles más ricos.
Si a esos sumamos que, como el PP está haciendo en Andalucía, el dinero que se deja de recaudar se compensa pidiendo más fondos al Estado y privatizando hasta las papeleras de la calle, el resultado será que, de una forma u otra, terminamos pagando los pringados de siempre, los contribuyentes más débiles.
Todas estas respuestas a los problemas económicos no son más que máquinas de hipotecar aún más al país, incrementando una deuda pública ya disparatada y engordando esa factura que los dos partidos están dispuestos a cargar sin pudor alguno sobre los hombros de las futuras generaciones de jóvenes que, además, al ser cada vez menos numerosas por los problemas de natalidad, lo tendrán mucho más difícil para construir su futuro.
Probablemente, solo los hijos de esas familias de más privilegiados a los que hoy se sigue privilegiando tendrán la oportunidad de comprar una vivienda y, sobre todo, de prosperar, perpetuando el inmoral modelo de esa España cada vez más desigual que la clase política española ha creado.
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