Los sucesivos y confusos intentos que están realizando los gobiernos europeos para intentar convencer a sus ciudadanos de que hacen lo posible por limitar el precio de la energía, no ocultan la realidad que ha reducido a las administraciones a simples gestores de los intereses de ese pequeño grupo de personas físicas y jurídicas que se está beneficiando de la actual situación económica.
Ni el Gobierno español, ni los europeos, y aún menos las instituciones comunitarias, tienen poder suficiente para poner límite a los crecientes excesos de esos especuladores que han convertido la guerra en Ucrania en una coartada para jugar con los precios de casi todo lo que es esencial para la supervivencia, empezando por las fuentes de energías y los alimentos pasando también por la vivienda. Y poco más tardarán estos parásitos en fijarse en el bien esencial por excelencia, el agua.
El innecesario paripé realizado la pasada semana en Praga y en Bruselas para que los lamentables líderes europeos pudieran fingir ante las cámaras que buscaban una solución a los precios del gas, evidenció la nula capacidad de nuestros representantes para levantarles la voz a los que financian un sistema político estructuralmente corrupto.
Saben que la única forma de limitar -que no topar, verbo que no significa poner límite sino chocar contra algo- ese precio es limitando el poder de los especuladores y de las compañías distribuidoras, que ni tan siquiera están haciendo su agosto, sino que viven todo el año en agosto.
Esto significa necesariamente intervenir el mercado de verdad, acabando de forma radical con el actual sistema de fijación de esos precios, poniendo fin así a los llamados “beneficios caídos del cielo” y suprimiendo temporalmente los pagos por las emisiones de CO2, que las empresas cargan inexorablemente sobre las facturas de los consumidores para procurar unos ingentes ingresos a esas instituciones que gastan el dinero en financiar el actual entramado de corrupción que corroe a Europa y que nos aleja cada vez más de la democracia real.
A nuestro gobernantes les han alquilado la soberanía y los financiadores de esta corrupción saben que mientras mantengan la máquina engrasada, las instituciones se encargarán de que los borregos sigamos siendo borregos, dóciles ante la creciente injusticia social y obedientes a pesar de los también crecientes abusos que invitan cada vez más a dejar de ser obedientes.
No es casualidad que la inmensa mayoría de las medidas anunciadas por los gobiernos europeos para lograr que la gente llegue a final de mes sean, en realidad, un fraude consistente en reducir los ingresos de las arcas públicas engordando aún más una deuda que pagaremos igualmente todos los ciudadanos.
En nuestro caso, todas esas ayudas, pagas, subvenciones, reducciones del IVA y de otros impuestos dirigidos, según los principales partidos políticos españoles, a ayudar a las familias, las estamos pagando nosotros con el dinero de nuestros impuestos o asumiendo un crédito que la clase política española está cargando sobre los hombros de las próximas generaciones de jóvenes.
Lo que sea con tal de proteger a ese grupo de privilegiados que, con los únicos votos de sus fortunas e ingentes beneficios, imponen su dictadura gobernando a gobiernos que diariamente intentan convencer al público de que viven en una democracia.
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