El Gobierno lleva este jueves al Congreso su plan de ahorro energético con la esperanza de que sus socios de coalición le otorguen la mayoría suficiente para lograr la aprobación de un real decreto que no ha agradado a nadie, más por las formas que por el fondo.
De nuevo, Pedro Sánchez ha actuado con su habitual despotismo arrogante, presentando un proyecto que no ha consultado con nadie, ni con amigos ni con enemigos, y que nace, como tantos otros, condenado a terminar ante la Justicia que deberá estudiar su legalidad y, en última instancia, su constitucionalidad.
Es cierto que legislar de forma chapucera se ha convertido en una circunstancia que identifica a este Gobierno, aunque resulta curioso que insista en su línea de pretender solucionarlo todo a golpe de decretos leyes que, si llegan a aprobarse y superan el examen de los tribunales, rara vez se cumplen por resultar inaplicables.
Han sido ya unos cuantos los ayuntamientos que se han preguntado quién va a vigilar el cumplimiento de esas medidas de ahorro energético, y cómo van a hacerlo.
Los gobiernos centrales, tanto los del PSOE como los del PP, continúan cometiendo el error de confundir España con las cuatro o cinco grandes ciudades españolas. Legislan para Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y un poco para Sevilla y Málaga, olvidando que la realidad del país es bastante más amplia.
Prueba de ello es también la última reforma de las normas de tráfico que impone ese ridículo límite de velocidad de 30 kilómetros por hora en zonas urbanas, limitación que, como era previsible, nadie cumple y se sigue circulando a todo gas por calles estrecha donde coches y peatones se sortean unos a otros sin que nadie en absoluto vigile el cumplimiento de la norma. Hasta los coches de policía circulan superando ese límite. Mientras, por las aceras siguen los patinetes eléctricos a toda velocidad provocando el sobresalto de los que van caminando, hurtando cada vez más espacio al peatón y a la idea de movilidad y sostenibilidad urbana sobre la que tanto y tan inútilmente legisla el Gobierno.
Y reinando en el amplio imperio de la legislación inútil está la ley de la cadena alimentaria, que iba a terminar con los abusos de intermediarios y mayoristas en el sector de alimentación. La realidad es que, desde su aprobación y no aplicación, comenzó la escalada de precios en el sector de la alimentación que está castigando a productores en origen y a consumidores, haciendo aún más ricos a intermediarios y mayoristas.
La ley solo es una herramienta para gobernar, no se puede utilizar ni como la forma de ejercicio del poder, ni como el medio para imponer políticas minimizando el control parlamentario a golpe de decreto ley, sobre todo cuando se legisla mal.
Somos un país rico en leyes plagadas de prohibiciones que carecen de eficacia real sobre la sociedad que pretenden ordenar, porque no existe forma de aplicarlas o porque nadie vigila su cumplimiento. Eso degrada la misma figura, el valor y la credibilidad de la ley ante una ciudadanía que ve cómo las normas se aprueban como churros y se ignoran de la misma forma.
Llama la atención que los países más desarrollados coinciden con aquellos que tienen menos leyes, menos prohibiciones, pero con una aplicación fáctica muy alta de esas pocas normas que los rigen.
Viendo la irresponsabilidad con la que los gobiernos españoles utilizan su capacidad de legislar y la profusión de prohibiciones, limitaciones y restricciones a las que está sometido el ciudadano medio, deberíamos reformar la Constitución y cambiar la forma del Estado, de la monarquía parlamentaria a la de monarquía bananera.
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