No es fácil entender en base a qué criterios sigue actuando el Gobierno de Pedro Sánchez a la hora de legislar, hasta resulta difícil aceptar que la impresionante cantidad de torpezas cometidas por el Ejecutivo central procedan de la precipitación y la inmediatez, de las ocurrencias en definitiva. Nadie es tan torpe.
Y ya parece que no hay proyecto de decreto-ley, la mejor forma de gobernar para evitar los controles democráticos, que no esté abocado a terminar en el Tribunal Constitucional y condenado a la nulidad.
La última ocurrencia ha sido la del Real Decreto Ley para ahorrar energía. Los ciudadanos, que vemos los toros desde la barrera, aún nos preguntamos si se trata de simple ineptitud o si hay algún plan cuya complejidad intelectual nos supera y somos incapaces de alcanzar a vislumbrar los objetivos de Sánchez. Lo cierto es que, con la amplia experiencia que ya acumulamos los españoles, la opción de la ineptitud gana por goleada.
Aun así, sorprende que el Gobierno insista en meter la pata y en perder intención de voto. ¿Cómo se pueden orquestar medidas nacionales para reducir el consumo energético haciendo tabula rasa entre las autonomías? En estos días hemos oído mil veces a comercios, otras empresas y grandes industrias preguntarse cómo un negocio de Sevilla o de Córdoba va a estar sometido a las mismas restricciones en el aire acondicionado que uno del País Vasco o de Galicia. Hemos visto en televisión a abogados, catedráticos y otros expertos en Derecho advertir de que el Real Decreto en cuestión es papel mojado al ser contrario a la legislación laboral en la materia, hemos visto a comerciantes y al sector turismo advertir también sobre el coste económico de esta precipitada insensatez. Sobre todo teniendo en cuenta que el Gobierno ni tan siquiera tiene idea de cuánto ahorrará con las medidas, que no se van a aplicar, ni del perjuicio económico que acarrearía si se llegaran a aplicar.
Ahora, como tantas otras veces, tras la última ocurrencia gubernamental y el ruido de sables de autonomías y particulares, de nuevo la precipitada convocatoria de otra reunión, “de carácter político”, como advierten en los medios de comunicación, para que un par de ministras traten de convencer a las autonomías de lo que anteayer estaban aplicando “manu militari”, sin consultar, sin preguntar a los que saben y, sobre todo, sin pensar.
La ministra de Transición Ecológica incluso habla de una aplicación “flexible” de la ley, como si las leyes pudieran aplicarse gradualmente, más en unos momentos que otros, dependiendo de las circunstancias y de cuántos protesten. Difícil aceptar tanta ineptitud.
Lo malo de las ocurrencias del presidente del Gobierno, que se ha ido de vacaciones utilizando de nuevo nuestro helicóptero y luego el avión que pagamos todos, es que se cargan la seguridad jurídica y un país sin esa certeza no es más que otra república bananera.
Lo más útil que ha hecho Pedro Sánchez por el ahorro energético es quitarse la corbata, aunque a nadie le quede claro qué tiene que ver una cosa con la otra.
Comentarios potenciados por CComment