Todos los partidos con representación parlamentaria excepto el PSOE no cejan en su empeño de exigirle al Gobierno que dé explicaciones, y hasta una investigación, sobre el último salto a la valla de Melilla que terminó con unos 30 muertos en el lado marroquí, al parecer dos de ellos eran gendarmes. Además otros 140 agentes habrían resultado heridos así como 76 subsaharianos.
Los números y las imágenes que hemos visto en televisión permiten hacerse una idea de la violencia del enfrentamiento. Lo que no resulta tan sencillo es cómo pretenden los parlamentarios que el Gobierno español dé explicaciones o investigue algo que ha sucedido en otro país.
Recriminarle a Pedro Sánchez o al ministro Grande-Marlaska un supuesto uso excesivo de la fuerza por parte de la Gendarmería marroquí solo va a servir para que los representantes de cada partido puedan arrancarle unos minutos más de gloria a las cámaras de televisión y, por supuesto, para seguir potenciando ese efecto llamada que, por una vez, no es imputable a la torpeza de nuestro Gobierno.
Es cierto que el presidente no estuvo demasiado acertado a la hora de aplaudir a los gendarmes, pero todos sabemos que desde que le robaron la información del móvil con el famoso software espía “Pegasus”, Sánchez rinde más pleitesía al vecino monarca que al nuestro. Algún día nos enteraremos de qué clase de datos le pillaron al presidente para obligarle a arrodillarse tanto y tan rápido.
Sin embargo, al margen de este tema, lo cierto es que lo sucedido en Marruecos es, por definición, un asunto marroquí y es obvio que al rey de allí le importa un rábano lo que opinen los parlamentarios de aquí.
Por otro lado y a pesar de que la izquierda que se cree “progre” se rasgue las vestiduras y las ONGs que se dedican a la solidaridad subvencionada con dinero público vean en el tema otro filón para seguir viviendo subvencionados, lo objetivamente cierto es que acceder ilegalmente a cualquier país es un delito y que hacerlo violentamente, como lo hacen cada vez con más frecuencia estos migrantes ilegales, agrava ese delito.
El utilizar la violencia para entrar ilegalmente en nuestro país debería privar al que la utiliza de todo derecho que asista a los migrantes que lo hacen siguiendo los requisitos legales y, por supuesto, implicar la inmediata expulsión del territorio nacional tan pronto cumpliera la codena por el delito cometido, así como privar de cualquier posibilidad, incluida la legalmente establecida, de volver a nuestro país durante el tiempo que consideren los tribunales.
Es cierto que esta solución no casa con la falsa solidaridad que predica ese también falso progresismo que se ha convertido en colaborador necesario del gran negocio que es ya la trata de seres humanos, pero seguro que le iba complicar mucho la vida a esos mismos traficantes, contribuiría también a apagar el eco de ese "efecto llamada" que nuestros ineptos gobernantes transmiten con su debilidad y sería útil para acabar con muchos de los parásitos subvencionados que, al igual que los tratantes, también viven de este sucio negocio.
En cuanto al origen del problema, que es la responsabilidad de los gobiernos de los países emisores de la migración ilegal y la necesidad de revisar jurídicamente las obligaciones de los Estados hacia sus ciudadanos, así como plantear si el incumplimiento de las mismas por parte de esos gobernantes debería empezar a considerarse como un delito perseguible internacionalmente, es otro tema que merece ser tratado aparte.
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