Continúa el ruido de fondo tras la polémica visita del rey emérito a España y, como casi siempre ocurre en nuestro país, se han formado dos bloques de opinión. Por un lado los que no ven motivo de crítica alguno a su llegada y a la visita realizada a La Zarzuela y, por otro, los que consideran que don Juan Carlos se está mofando de los españoles a la cara.
Sin embargo, la situación y las actitudes del emérito no son aisladas. No responden únicamente a la manifiesta arrogancia mostrada durante su estancia, cuando hasta espetó el conocido “explicaciones, ¿de qué?”, a la pregunta de una periodista, sino también, y tal vez principalmente, a la manifiesta degradación durante los últimos años del Estado de Derecho del que habla la Constitución, a pesar de que nunca ha existido en nuestro país.
Sin Estado de Derecho, la democracia no existe y el de la monarquía solo ha sido uno más de los engranajes que se han roto en esa maquinaria que ya funcionaba a trompicones y que conduce a una España cada vez más desigual, injusta y, sobre todo, corrupta.
No podemos pretender, ni esperar, una institución pública impoluta e intachable en un entorno de corrupción estructural de lo público.
Con el panorama que vemos cada día los españoles tanto en la política como en la economía y en las finanzas a nivel nacional, sería anormal, heroico en realidad, que una única institución se mantuviera inmaculada, ajena al trapicheo que ha convertido la realidad social española en una sucesión de lamentables representantes institucionales intentando salvar su propio trasero cuando les han pillado con las manos en la masa.
No hace falta ver demasiados telediarios para comprobar que esa proverbial democracia española de la que se jactan diariamente los bocazas de nuestros políticos, no se está construyendo en el Congreso sino en los juzgados.
Tampoco hace falta ser demasiado espabilado, o tal vez sí, para detectar un corrupto hilo conductor entre las grandes empresas del Ibex que monopolizan recursos esenciales y la supervivencia financiera de los dos grandes partidos nacionales.
Con este panorama, en un país cuyas instituciones son corruptas hasta la médula, lo único que cabe concluir es que los españoles tenemos el rey emérito que merecemos y la familia real que merecemos.
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